El presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, Marino Collante Gómez, calificó como “descabellado e inhumano” que se pretenda gravar con 20 pesos al mes la factura de los servicios telefónicos, para financiar el Sistema Nacional de Emergencia 911.
“Sería una pena que un infeliz que llame desesperado desde un teléfono para recibir con urgencia asistencia tenga que pagar. Eso es inconcebible”, comentó Collante Gómez e indicó que el Estado es quien debe cubrir los gastos que conlleve dicho servicio, tras considerar que no se puede cargar a la población con más impuestos, en momentos en que empieza a aplicarse una nueva reforma fiscal.
“Tenemos que ser cuidadosos y ponderar bien las situaciones que se pueden derivar de adjudicar más gravámenes a la población, en un momento tan delicado como el que vive la República Dominicana”, expresó el diputado reformista por Santiago, quien sin embargo, respalda el proyecto de ley que crea el Sistema de Emergencia 911 por el impacto positivo que tendrá en la sociedad.
Asimismo, el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel), manifestó también su oposición a que se coloquen nuevos impuestos a los servicios telefónicos por entender que el sector está bastante saturado.
El presidente de Indotel, Carlos Amarante Baret, lo rechazó por entender que van en detrimento del sector.
Se recuerda que la propuesta de establecer un impuesto de RD$20 mensuales a la factura telefónica fue sugerida por miembros de la comisión especial que estudia la pieza, autoría del diputado del Partido de la Liberación Domiciano (PLD), Elías Serulle.
El proyecto establece que en su primer año de ejecución tendría cobertura en el Distrito Nacional, las provincias Santo Domingo, San Cristóbal, Santiago y San Pedro de Macorís y luego en todo el territorio.
La iniciativa consigna que serán sancionadas con una multa de un 20% del salario mínimo, las personas que utilicen el servicio del 911 para llamadas obscenas, insultantes o para reportar situaciones falsas e irrelevantes que obliguen a instituciones a incurrir en gastos innecesarios.
