El Ministerio de Trabajo apoderó a un tribunal de San Cristóbal, la demanda del pago de prestaciones laborales que hace un grupo de haitianos a una empresa distribuidora de Coco de esa ciudad, la cual se declaró en quiebra, informó este viernes la titular de la cartera, Maritza Hernández.
La funcionaria explicó que con esa decisión la entidad culminó con la parte que le correspondía en torno a la situación de los inmigrantes ilegales del vecino país, quienes permanecen en vigilia reclamando sus derechos.
Durante una rueda de prensa en su despacho, Maritza Hernández aseguró que la institución que dirige está comprometida con la defensa de la dignidad humana y nunca abogará contra el atropello de las personas, ya sean nacionales o extranjeros.
