Las autoridades dominicanas se han mostrado indolentes ante el drama que viven unos cien ciudadanos haitianos, quienes mantienen una vigilia desde hace siete días frente al Ministerio de Trabajo, a fin de que esa entidad exija a una empresa distribuidora de coco de San Cristóbal, que los contrató de manera ilegal, les pague sus prestaciones laborales, luego de haberlos despedido tras haber cerrado por alegada quiebra.
Los ciudadanos del vecino país han sido dejados a su suerte en una situación que involucra al menos cuatro instituciones: Migración, Salud Pública, Interior y Policía y Trabajo, ninguna de las cuales han enviado sus representantes a entrevistarse con los reclamantes.
El grupo es vigilado por una unidad contramotines de la Policía, en prevención de incidentes, en un ambiente de insalubridad y hacinamiento.
Aunque los manifestantes se mantienen en las afueras del Ministerio de Trabajo, esa entidad no se ha interesado por la situación.
Tampoco la dirección general de Migración ha mediado en el conflicto, pese a que le compete, puesto que los nacionales están en condición de indocumentados, pero el organismo no se ha referido al particular.
En tanto que estas personas se mantienen a la espera de una respuesta, amontonados encima de bultos y cartones, día y noche: “Algunos compañeros han empezado a enfermar y no tienen dinero para ir al médico, por lo que tememos que lo peor les pueda ocurrir”, afirmó Marino Pinocho a un equipo de DominicanosHoy.
Pinocho, quien habló en representación del grupo, explicó que fueron contratados desde 1990 por el empresario Alonzo Luna, propietario de la empresa ”La Coquera”, para trabajar en la compañía procesadora de cocos, quien los trajo al país sin documentos.
De acuerdo al entrevistado, algunos de los afectados llevaban entre 10 y 12 años en la empresa, y ahora se encuentran en la calle, puesto que vivían en unas casuchas en condiciones deplorables, dentro de la empresa, ubicada en San Cristóbal.
Ante la situación por la que atraviesan con sus hijos y mujeres, Marino Pinocho advirtió que se mantendrán en reclamo, hasta tanto ordenen al empresario el pago de sus prestaciones laborales.
La empresa en la que laboraban se encuentra fuera de operación desde noviembre pasado, luego de que el Ministerio de Trabajo autorizara su cierre por alegados problemas económicos.
