A pesar de que Línea Vida es un departamento de la Fiscalía del Distrito Nacional, creado para fortalecer y enlazar las labores de las fiscalías barriales, asistir a los ciudadanos y ciudadanas que son víctimas de un delito flagrante de violencia de género, intrafamiliar, sexual y abuso contra los niños y niñas, no están cumpliendo con el rol para el cual fue creada.
La dependencia, que también brinda asistencia telefónica, carece de personal, solo una asistente de la titular atiende en horas de la mañana las denuncias verbales, escritas o telefónicas, lo que hace lento y traumático el proceso.
En una visita realizadas por DominicanosHoy a dicha institución, se pudo constatar la falta de recursos humanos. Una fuente reveló que los empleados han renunciado, por la presión de trabajo y la poca remuneración económica que reciben.
Debido al aumento de demandas por abuso a menores, causados por los propios parientes, este multimedios se hizo eco de varias denuncias entre ellas, la de una niña hidrocefálica utilizada para pedir limosnas y otra de tan solo 8 años de edad, tratada como doméstica y maltratada físicamente.
Ambos casos fueron presentados ante los fiscales de Línea Vida. De manera personal, reporteros de este diario acudieron ante las autoridades, para que tomaran cartas en el asunto y actuaran apegados a la Ley; sin embargo, los representantes del Ministerio Público no fueron en auxilio de estos infantes.
Vale señalar que ambas querellas fueron puestas con la ubicación y dirección exactas de los infantes y sus victimarios. También se presentaron evidencias del estado físico en que se encontraban ambas menores.
En el caso de la pequeña con problema de hidrocefalia, explotada por supuestos parientes que la utilizan para pedir donaciones en diferentes calles de la capital, se publicaron una serie de trabajos en los cuales se evidencian el drama inhumano al que es expuesta.
Esta escena se ha observado en distintos puntos de la capital dominicana, donde sus acompañantes, una señora que dice ser su abuela y dos jóvenes, uno presentado como amigo y el otro nieto, solicitan colaboraciones económicas a los transeúntes para, supuestamente, someter a la niña a una operación y cubrir los gastos en medicina y alimentos.
Ante la acusación, la directora del organismo, magistrada procuradora adjunta Rita María Durán, se comprometió y dio garantía de que tan pronto dieran con los explotadores procederían judicialmente contra ellos y llevarían la menor al Consejo Nacional para la Niñez ( Conani).
Una segunda acusación le fue interpuesta a la magistrada Durán, esta vez se trataba de la pequeña “Maricita”, quien lleva a cuestas una casa y el cuidado de otros dos vástagos, uno de un año de edad y otro de meses de nacido.
En la puerta número diez, situada en la parte atrás de la calle Osvaldo García de la Concha, en el sector capitalino de Villa Juana, reside la criatura de mirada tímida y voz baja. Llevaba la señal del abuso en su rostro: un hematoma en su ojo izquierdo arropaba gran parte de la cara.
Luego de ser testigos oculares del hecho, este medio de comunicación alertó nueva vez a la Fiscalía del Distrito Nacional, a través de Línea Vida, para que como órgano protector de los derechos ciudadanos, realizara las investigaciones de lugar y fuera en su auxilio.
En el primer caso la fiscal dejó unos contactos telefónicos para comunicarse con ella, si el equipo hallaba antes a los abusadores.
Al repetirse la escena, este medio intentó insistentemente comunicarse nueva vez con Línea Vida, a fin de denunciar la situación de explotación comercial con la menor, pero los esfuerzos fueron en vano. Tras varias tentativas, aun esperamos una respuesta.
Al momento de publicar esta historia, los proceso de “Marisita” y Francis Severino continuaba sin resolverse. Vale recordar que el Estado dominicano es signatario de acuerdos internacionales a favor de la niñez, entre ellos la Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1989.
Ese convenio, en su Artículo 19, expresa: “Es obligación del Estado proteger a los niños y niñas de todas las formas de malos tratos perpetrados por padres, madres o cualquiera otra persona responsable de su cuidado, y establecer medidas preventivas y de tratamiento al respecto”.
