Presidente obligado actuar contra corrupción

Desde el primer momento en que el presidente Danilo Medina pronunciara su discurso para asumir el Poder Ejecutivo, durante el cual prometió a la ciudadanía que sería implacable contra la corrupción y la impunidad, decenas de organizaciones le tomaron la palabra con el fin de enfrentar ese flagelo en las instituciones públicas del Gobierno: “Seré un jefe de Estado firme, austero, amoroso con los buenos, los honestos y los humildes e implacable con los deshonestos, los oportunistas y los soberbios”.
 
Según en el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional, República Dominicana se sitúo en el año 2011 en el puesto 129, como uno de los países más corruptos, de 182, lo que desató fuertes críticas de las organizaciones sociales del país.
 
La Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), Alianza Dominicana Contra la Corrupción (Adocco), la Fundación Justicia y Transparencia (FJT), el Centro Juan Montalvo, el Centro Juan XXIII Justicia Fiscal y Participación Ciudadana (PC), son algunas de las entidades que han exigido al presidente Medina honrar su compromiso de enfrentar la corrupción administrativa.
 
También organizaciones políticas como el Frente Amplio (FA), el Partido Revolucionario Dominicano (PRD), Alianza País (AlPaís), así como grupos populares encabezados por el Foro Social Alternativo (FSA), Ciudadanas y Ciudadanos contra la Corrupción (C3), Frente Amplio de Lucha Popular (Falpo), Articulación Nación Campesina (ANC), entre otras, son las que con mayor énfasis han requerido el sometimiento a la acción de justicia de los servidores públicos que han malversados fondos del erario.
 
Cuestionamientos
 
Durante ocho años y luego de la juramentación de Danilo Medina, más de 254 denuncias y apoderamientos sobre presuntos actos de corrupción han sido introducidos ante la Dirección Nacional de Persecución de la Corrupción Administrativa (DPCA), que dirige Hotoniel Bonilla, así como a la Procuraduría General de la República (PGR), para que se investigue el destino de miles de millones de pesos, que según los demandantes, ni a la población, ni a las entidades de la sociedad civil se le ha dado explicación de cómo y dónde fueron invertidos los fondos del Estado dominicano.
 
Entre las instituciones que la sociedad civil y partidos políticos piden que sus exfuncionarios y algunos que continúan en el tren gubernamental sean investigados por malversación de fondos están: La Oficina Supervisora de Obras del Estado (Oisoe), el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (Indrhi), Lotería Nacional (LN), y la Corporación de Empresas Eléctricas Estatales (Cdeee).
 
Cabe recordar la supuesta sobrevaloración en la construcción del parque de la UASD por RD$1,300 millones; la compra de 52 motocicletas Harley Davidson a un costo de US$17,000 cada una; la supuesta sobrevaluación del Proyecto Portal Electrónico Dominicano, ejecutado por 13 millones de dólares; y el contrato para comprar un software para el Instituto Postal Dominicano, negociado en US$4.0 millones con la empresa Host Chile, aunque se denunció que su precio de mercado no superaba los US$100 mil.
 
Palabras del Presidente
 
Ante el enorme déficit fiscal, que supera los 187 mil millones de pesos, equivalente al 7% del Producto Interno Bruto (PIB), tres veces más que el generado por las quiebras de los bancos en el 2004, de RD$55,000 millones, equivalente al 3.5% del PIB de esa época, según estimaciones de Nelson Suárez, economista especializado en finanzas públicas.
 
“Yo les aseguro que desde la Presidencia de la República garantizaremos la transparencia, elevaremos la calidad del gasto público y avanzaremos firmemente hacia una gestión pública austera, cada vez más profesional y efectiva”, puntualizó Medina en su discurso de arribo al poder.
 
Sin duda alguna que los pronunciamientos de Medina han motivado al pueblo dominicano y sus estructuras a luchar contra la podredumbre gubernamental, ya que en los últimos años ningún funcionario ha respondido ante la justicia por acusaciones en su contra, pese a la introducción de decenas de expedientes ante la DPCA, la PGR y la Suprema Corte de Justicia.
 
Transparencias públicas
 
El pleno del Consejo Económico y Social (CES), entregó al Gobierno un documento con las inquietudes de los grupos que lo conforman, exigiendo la relación de los ingresos y egresos desde 2006 a la fecha, al mismo tiempo se conformó una comisión para investigar las causas del actual déficit fiscal.
 
De igual opinión es el sacerdote Mario Serrano, del Centro Bonó, quien respaldó todas las manifestaciones pacíficas que se llevan a cabo a nivel nacional en contra del proyecto de reforma fiscal aprobado en el Congreso Nacional.
 
El religioso entiende que el pueblo no puede seguir pagando los platos rotos de los políticos que malgastan el dinero de todos y llamó a la población a unirse para que los culpables del “desfalco del Estado” respondan por sus delitos en los tribunales.
 
En tal sentido, el presidente del Centro Juan XXIII, Pedro Pérez González, advirtió que si el Gobierno realmente quiere enviar una señal de transparencia, de respeto a la institucionalidad y a la seguridad jurídica, debe empezar a señalar cuáles son los responsables del déficit actual, que ha originado la propuesta de una odiosa reforma tributaria.
 
Igualmente, el vocero del Foro Social Alternativo, Víctor Gerónimo, expresó que existe una gran indignación por parte del pueblo dominicano frente al paquetazo fiscal, ya que según el dirigente, el Poder Ejecutivo comete muchas  irregularidades en cuanto al gasto público y corriente: “El saqueo del dinero del Estado de forma burlona y con justificaciones baratas, demuestra la corrupción con que estos gobernantes se manejan y se han manejado en cuanto a la función que el pueblo dominicano le ha delegado”.
 
Asimismo, la Alianza Dominicana Contra la Corrupción (Adocco), pidió a la Procuraduría General investigar a los ministros responsables del déficit presupuestario, que obligó una reforma fiscal que contempla el aumento de los impuestos en el país.
 
De igual manera, el vicepresidente de Finjus, Servio Tulio Castaños Guzmán, destacó que en República Dominicana no se persigue la corrupción y tampoco funciona el sistema de consecuencias.
 
Sometimientos
 
Recientemente, el excandidato presidencial por el Partido Alianza País (AlPaís), y exfiscal del Distrito Nacional, Guillermo Moreno, apoderó a la Procuraduría General de la República de una denuncia penal contra el expresidente Leonel Fernández y los ingenieros Víctor Díaz Rúa, exministro de Obras Públicas y Félix Bautista, senador y exdirector de la Oficina Supervisora de Obras del Estado (OISOE), por su responsabilidad directa con el déficit fiscal ascendente a RD$187 mil millones.
 
El exfiscal aseveró que aportaron documentos de pruebas, en los que Fernández admite haber utilizado dinero del Estado para el pago de la llamada nominilla. También la inversión de más de RD$40 mil millones en la pasada campaña electoral, el abultamiento de la nómina pública y utilizar dinero del fisco para hacer viajes al exterior a firmar acuerdos personales de la Fundación Global Democracia y Desarrollo.
 
En tanto que el coordinador de Participación Ciudadana, Francisco Álvarez, aseguró que no existe ninguna garantía de que el Ministerio Público investigue al expresidente de la República, Leonel Fernández, para conocer a dónde fueron a parar los RD$187 mil millones del déficit fiscal.
 
Álvarez entiende que con la prepotencia que se está manejando el presidente del Senado y secretario general del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Reinaldo Pared Pérez, no hay indicios de que los integrantes de los tribunales, que ellos mismos nombraron, activen el expediente acusatorio contra Fernández y compartes. Agregó que el Gobierno tiene todo controlado y por esa razón el legislador actúa de esa forma.
 
La República Dominicana pasa por uno de sus perores momentos económicos y es cierto que las ciudadanas y ciudadanos se encuentran indignados, por lo que más del 80% han ofrecido su respaldo a las acciones de los movimientos sociales que exigen que los responsables del “hoyo fiscal” sean dados a conocer y sometidos a la justicia: esperan que el presidente Danilo Medina actúe.
 

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