La Fundación Justicia y Transparencia (FJT), exhortó al Gobierno reflexionar sobre la reforma tributaria recién promulgada y que se aboque a escuchar los reclamos del pueblo, en el entendido de que profundizaría aún más la crisis económica que vive el país.
La entidad dice que los nuevos impuestos van a aumentar abismalmente la brecha entre ricos y pobres, además de prácticamente extinguir a la denominada clase media.
Trajano Potentini, presidente del organismo, condenó el enfoque regresivo de la reforma, puesto que penaliza a los que menos tienen, con impuestos indirectos, lo cuan va en detrimento de las clases más desfavorecidas (los pobres).
Dijo que los más pobres son quienes en definitiva cargarán con la gigantesca cruz que hoy se como déficit fiscal, estimado en unos 187,000 mil millones de pesos, fruto del ejercicio irresponsable del poder por nuestra clase política.
Asimismo, Justicia y Transparencia presentó al país y al gobierno, un conjunto de medidas o plan alternativo, orientado a conjurar los efectos de la crisis económica, sin la necesidad de cargar al pueblo con más impuesto.
Como plan alternativo, el FJT plantea revisar, anular y/o renegociar en los casos que proceda los contratos del sector energético y eliminar los pasados viceministros y subdirectores sin sustento legal, ni funciones que hoy se desempeñan en la administración pública bajo otra designación o nombre, y que continúan percibiendo salarios sin prestar ningún servicio.
Fortalecer los mecanismos de prevención y combate a la corrupción, haciendo especial énfasis en los escándalos denunciados en el Instituto nacional de recursos Hidráulicos, Bienes Nacionales, Educación, Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado, Obras Públicas, Fonper, Las Eges, la CDEEE y el caso de las pensiones, entre otros.
También criminalizar la evasión fiscal, por ejemplo y conforme a estimaciones solamente el ITEBIS es evadido en más de un 30 por ciento. Revisar los contratos intervenido entre Obras Públicas y el sector privado, hoy en manos en más de un 80% de dos empresas de capital brasileño, en desconocimiento y violación de la Ley 340-06, sobre compra y contrataciones de bienes y servicios con el Estado.
Igualmente, observar el contrato con la Barrick Gold para renegociar tanto los montos totales de oro que esa compañía afirma procesará durante sus operaciones, como el total pagado. En la actualidad se proyecta que se producirán entre US$34,000 a US$42,000 millones, con un pago total inferior a los US$9,000 millones para el Estado dominicano.
Eliminar el “barrilito” y el “cofrecito” y contemplar una ley, previo estudio y si fuere necesario, que establezca un fondo de asistencia social a cargo del Congreso, sometido a los controles legales y constitucionales de la República.
Transformar el régimen de financiamiento de los partidos políticos, implementando un nuevo sistema, para ser ejecutado solo en los dos años que preceden las elecciones, en virtud del cual, el financiamiento dependa exclusivamente de estudios de factibilidad y de costos de las acciones presupuestadas a nivel interno por las organizaciones políticas.
En resumen, la entidad de la sociedad civil propone: 1ero. Eliminar la contribución anual para que sea entregada solamente durante los dos últimos años próximos a la campaña y contienda electoral.
2do. Disponer como condición previa para obtener el financiamiento que se deposite en la Junta Central Electoral un plan o estudio donde se expliquen las actividades a realizar por la organización y las necesidades presupuestarias que necesitaría, y conforme cronograma de ejecutorias comprobadas y auditadas, se vayan librando los fondos.
