La existencia de un “hoyo fiscal”, ascendiente a los 187 mil millones de pesos, necesita del sacrificio de todos los sectores dominicanos para que sea tapado; pero, quienes deben aportar más son los poderosos empresarios, que se han pasado toda la vida llenándose los bolsillos a costillas del pueblo y sin pagar los gravámenes requeridos.
Con el proyecto inicial, el Gobierno de Danilo Medina pretendía obtener unos 53.000 millones de pesos (US$1.358 millones), en los próximos tres años; sin embargo, la iniciativa entregada finalmente al Senado de la República fue modificada y reduce el monto a 1.179 millones de dólares.
La reducción es el resultado de cambios solicitados, ya sea por buena vía o a base de presiones, por los sectores de cigarrillos, bebidas gaseosas y alcohólicas, los cuales en el plan original veían elevar el impuesto del 7% al 15 por ciento.
La oposición dominicana entiende que la reforma fiscal aumentaría en más de un 40% la canasta familiar y que serán mayormente afectados los pobres; mientras que organizaciones empresariales se reúnen con la Comisión Bicameral del Congreso Nacional que estudia el proyecto para que la acomoden a su conveniencia.
Las autoridades están asumiendo el plan de austeridad con seriedad. El Gobierno se ha propuesto un ahorro mensual de aproximadamente RD$1,400 millones en lo que resta de 2012, poco más de RD$6,450 millones, con medidas que incluyen recortes en la inversión pública, control en el gastos de nóminas, compra de combustibles y material gastable, así como en viáticos y otras variables.
La reforma fiscal es necesaria, según entendidos, aunque existe la duda de que sea “oportuna e ineludible”, como plantea al presidente Medina, esto último si el Poder Ejecutivo no enfrenta a los empresarios y le exige que paguen los impuestos generados por sus ganancias.
Pero no están pensando así: los empresarios, los ricos, quienes más pueden, y los responsables del déficit, quieren seguir sirviéndose con “la cuchara grande”. Rechazan la eliminación de las exenciones o incentivos que reciben sus negocios alegando que esto les restaría competitividad; sin embargo, no piensan en que la población debe estar por encima de todo y su obligación es ayudar al Ejecutivo a subsanar la situación financiera nacional.
El proyecto
El presidente Danilo Medina aseguró que uno los objetivos es hacer que «paguen más los que pueden», así como combatir la evasión fiscal y el contrabando, tras argumentar que el país pierde millones de pesos por esta situación.
La propuesta establece, entre otros, un aumento del 16 % al 18 % del Impuesto a las Transferencias de Bienes Industriales (Itbis), excepto los servicios básicos y la canasta familiar.
El déficit fiscal hasta septiembre pasado ascendía a 148.564 millones de pesos (unos 3.809 millones de dólares), lo que representa el 6,5 % del Producto Interno Bruto (PIB), según datos del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo.
Este plan ha generado un aluvión de críticas e, incluso, una asociación que lucha contra la corrupción llegó a pedir a la Procuraduría General investigar a los «responsables» del déficit fiscal, que obligará a la reforma fiscal.
¿Por qué se oponen?
Desde que se supo sobre la posibilidad de tratar el asunto relativo a las exenciones tributarias y otros incentivos que desde hace mucho tiempo reciben empresas nacionales y extranjeras, que este año superan los RD$118 mil millones, los primeros que mostraron su oposición a una total o parcial disminución de dichos privilegios, fueron los empresarios del sector zonas francas, quienes confesaron que dejan de pagar al Estado por ese concepto anualmente más de RD$8,000 millones al año, casi un 5% del déficit general.
Mientras que la Cámara de Comercio y Producción de Santiago afirmó que el plan de Reforma Fiscal, propuesto por el Gobierno para su discusión, no está dirigido a incentivar la generación de empleos y riquezas, ya que muchas de las medidas sugeridas van en vía contraria a lo que debiera ser un verdadero plan de solución; pero, admite que con el proyecto se busca nivelar las finanzas públicas.
Las empresas importadoras de vehículos argumentan que “se irán a la quiebra” y muchas desaparecerán; esto lo hacen como una medida de presión para que el Gobierno no imponga ocho nuevos tributos a la adquisición de vehículos, tal y como lo ha propuesto en el proyecto de reforma tributaria; sin embargo, no toman en cuenta las facilidades que les otorgan las autoridades.
Gremios empresariales han colocado espacios pagados en periódicos de circulación nacional para expresar su rechazo al proyecto tributario, dinero que podría ser empleado en asuntos importantes, como apadrinar un hogar de niños (aproximadamente medio millón son explotados laboral y sexualmente), o un asilo (Decenas de envejecientes en el país deambulan por las calles); empero, prefieren malgastarlos en hacer sentir sus reclamos.
Es el caso del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), que objeta el incremento de las tasas impositivas. Sin embargo, gasta cientos de miles de pesos en publicar publicidad contra la reforma fiscal que busca sacar al país del atolladero.
“Que lo dejen gobernar”
El presidente de la Refinería Dominicana de Petróleo (Refidomsa), Félix Jiménez, miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), destacó sobre el carácter integral de la reforma impositiva presentada por el Gobierno, que tiene el objetivo de obtener los recursos necesarios para cumplir con los compromisos contraídos por el presidente Danilo Medina.
Reclamó de sectores mediáticos y de grupos empresariales opuestos a la reforma, ser pacientes y esperar, evitando la precipitación, que es mala consejera: “Dejen gobernar a Danilo”.
“Él (Danilo Medina ), quiere una reforma impositiva donde la clase más pobre no tenga que pagar impuestos por comer habichuelas, arroz, plátano, batata, yautía, leche, y por eso dejó todos esos productos fuera del pago de impuestos”, acotó Jiménez, destacando que tampoco la medicina, ni los útiles escolares tendrán nuevas cargas.
Se debe tomar en cuenta que la aprobación a las modificaciones tributarias es indispensable para la elaboración del Presupuesto General del Estado de 2013, y que no se puede continuar escuchando las “presiones” que diversos sectores imprimen sobre la Comisión Bicameral encargada de estudiar el proyecto.
“El presidente Medina sólo tiene dos meses y medio en el Gobierno y ha hecho planteamientos claros en aras de corregir cosas en la administración pública. Los ricos están disgustados por la reforma; pero, tienen que tomar en cuenta que hay que pagar impuestos. Ellos se lo quieren ganar todo”, dijo una fuente palaciega, cuya identidad se omite por solicitud propia, consultada por este multimedios DominicanosHoy.
