Asunción.- El próximo jueves será celebrada una audiencia a nivel interamericano para conocer sobre las denuncias de violación de derechos humanos en Paraguay con el gobierno de Federico Franco como acusado.
Alegatos sobre abusos sufridos por la población, irrespeto al derecho a la vida, despidos injustificados por razones políticas y retrocesos en el derecho a la salud y la educación garantizado en el gobierno del destituido presidente Fernando Lugo son algunas de las acusaciones.
La audiencia se llevará a cabo en Washington ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la cual deberá pronunciarse también por la persecución a dirigentes sociales, de acuerdo a las acusaciones presentadas por un grupo de organizaciones paraguayas.
Los denunciantes pedirán que se exija al Estado paraguayo la restitución de los derechos conculcados y brinde las garantías necesarias a la población.
Ellos son el Servicio Paz y Justicia, el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer, la Coordinadora Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas, Católicas por el Derecho a Decidir Paraguay y la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay.
Elemento principal en la denuncia de esas organizaciones es el referente a los excesos cometidos durante un desalojo campesino en junio pasado en la localidad de Curuguaty, incidente en el cual murieron 11 campesinos y seis policías.
El hecho fue utilizado para convocar el juicio político que destituyó al presidente constitucional, Fernando Lugo, y se señaló como parte de una operación política preparada con ese fin, de acuerdo con los opositores al gobierno.
Una investigación llevada a cabo por la Plataforma de Estudio e Investigación de Conflictos Campesinos, alega que existieron francotiradores desconocidos colocados para iniciar el enfrentamiento, se ultimó en el lugar a campesinos heridos y se detuvo a personas inocentes.
