Dos grupos poderosos de República Dominicana se mantienen enfrentados por el negocio del asfalto, el cual era dirigido personalmente por el exministro de Obras Públicas, Víctor Díaz Rúa; pero, al este salir del Gobierno ha dejado “un lío” entre poderosos, según datos obtenidos por la redacción de DominicanosHoy.
De acuerdo con informaciones de una fuente conocedora de la situación, el cual pidió reservas de su nombre, estos conjuntos evaden los impuestos a través de la importación del AC-30 de países del Medio Oriente y otros y estarían, además, incómodos porque no han sido beneficiados por el material que se transporta desde Venezuela.
Posiblemente, en los próximos días se destape un escándalo mayúsculo sobre este caso, donde estas “dos mafias” se disputan el control de este lucrativo negocio, el cual en los últimos meses dejó cerca de 7 mil millones de pesos, sobre todo en la época de la campaña electoral cuando se usaron 8 millones de galones AC-30 en asfaltado.
El informante indicó que el problema se presentó hace varios meses; pero que el entonces titular de Obras Públicas, Díaz Rúa, “tapó” la situación afirmando que la falta del componente principal del material que se utiliza para el bacheo y asfaltado de calles y carreteras, se debía a una avería que presentaba el buque del suplidor que transporta dicho elemento.
“El dinero andaba volando antes de las elecciones, porque el gobierno dio pie al Plan de Nacional Asfaltado y los millones que se gastaron hacen parte de este enorme déficit fiscal que existe actualmente en la República Dominicana y como siempre el pueblo deberá pagar los platos rotos por el mal uso de los recursos públicos”, dijo la fuente.
Una de las empresas que tiene el negocio del AC-30 en el país es propiedad del empresario Mustafá Abunaba’a y otra la tiene una “noble” familia dueña de múltiples empresas, inclusive bancos comerciales; pero, no se informó si el “mach” es entre estos dos grupos.
El AC-30 es el componente principal para la producción del material que se utiliza para asfaltar y su entrega al país está contemplada en el acuerdo Petrocaribe; sin embargo, empresarios “indolentes” lo utilizan para llenarse de dinero trayéndolo desde naciones desde donde sale mucho más caro el producto.
