Un profundo debate acerca de las observaciones del Poder Ejecutivo a la Ley General de Salarios del sector público y sobre la propia legislación tuvo lugar en la tarde de este miércoles en el seno del Consejo Económico Social (CES), auspiciado por el Ministerio de la Administración Pública (MAP).
El encuentro estuvo encabezado por Ramón Ventura Camejo, ministro de Administración Pública; Monseñor Agripino Núñez Collado, presidente del CES y rector de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM) y el legislador Demóstenes Martínez, presidente de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, instancia donde se encuentra la ley, luego de ser devuelta por el Poder Ejecutivo, para ser conocidas las observaciones.
Ventura Camejo reiteró la trascendencia de la ley, “sobre todo en este momento de fortalecimiento institucional de desarrollo de la administración pública y de ejercicio de la transparencia”. El funcionario recordó que la ley se encuentra en la Cámara de Diputados que se apresta a debatir las observaciones del Poder Ejecutivo, por lo que consideró de vital importancia conocer la opinión de los representantes de las entidades que conforman el CES.
En las discusiones, que partieron de sendas exposiciones de los doctores juristas Flavio Darío Espinal y José Darío Suárez, participaron numerosos representantes de las entidades empresariales, del sector laboral, instituciones académicas y organizaciones sociales y comunitarias que integran el Consejo Económico y Social.
Al hacer uso de la palabra, el doctor Flavio Darío Espinal, hizo referencia a algunos aspectos de la Ley General de Salarios, fundamentalmente en relación con que quede bajo jurisdicción del Ministerio de Administración Pública la asignación de los salarios en instituciones de otros poderes del Estado, como el del presidente del Tribunal Constitucional, o el de los presidentes de las cámaras legislativas o el del máximo titular de la Suprema Corte de Justicia.
Por su parte, el doctor José Darío Suárez precisó que la Ley de Salarios es bien clara acerca de que los salarios en esas instituciones, con excepción de los titulares serán fijados a lo interno de las propias entidades. Asimismo, explicó que no habría asignaciones nuevas de recursos para los sueldos de los altos cargos de la administración pública, porque se establecieron topes salariales dentro de los presupuestos aprobados a esas entidades, ya sean del
gobierno central, autónomas o descentralizadas.
A seguidas, hicieron uso de la palabra, el jurista Olivo Rodríguez Huertas; el profesor Fernando Peña, los líderes sindicales, Rafael (Pepe)Abreu y Mayra Jiménez.
Rafael Paz, director ejecutivo del Consejo Nacional de Empresa Privada (Conep), se refirió fundamentalmente a la naturaleza de las observaciones del Poder Ejecutivo, al tiempo que se expresó en apoyo de la puesta en vigencia de ley que “debe poner orden en el tema de los salarios dentro del sector público”.
El Consejo Económico y Social (CES) es un órgano consultivo del Poder Ejecutivo, creado por el artículo 251 de la Constitución, y tiene como propósito, promover la concertación social, para asegurar la participación organizada de empleadores, trabajadores y otras organizaciones de la sociedad civil.
