El impulso del sistema eléctrico dominicano y la disolución de la corrupción administrativa estarían entre las dos principales iniciativas, para a corto y largo plazo estimular el desarrollo industrial y fortalecer los planes de servicios y asistencias sociales de los gobiernos.
Con relación al sistema eléctrico como soporte al desarrollo, definitivamente se necesita una importante transformación; puesto que la actual situación observada debe ser enfrentada con valentía por las autoridades, ya que es indispensable para que el país pueda ser competitivo.
“Ninguna nación del mundo puede ser competitiva con un sistema eléctrico tan costoso como el nuestro, en este momento”, comentó Francisco Álvarez, coordinador general de Participación Ciudadana (PC), al referirse al tema.
Otro contexto que estanca el proceso de perfeccionamiento del Estado, es el referente a la corrupción en el sector público, la cual no se puede citar con exactitud. Entidades nacionales e internacionales estiman que cerca de RD$100 mil millones del Presupuesto Nacional se van en las manos de los funcionarios.
Esta cifra resolvería significativos problemas verificados en educación, salud, producción de alimentos y combate a la pobreza, entre otros renglones.
Para Álvarez el problema de la corrupción en el sector público dominicano es muy serio, incluso medido por organismos internacionales, que la calificaron de rampante.
Por ejemplo, el índice que anualmente realiza Transparencia Internacional, coloca al país con una nota de 2.6, en una escala de 10, donde esta cifra representa el más transparente y cero el menos. Esto significa que la posición dada a República Dominicana es para preocuparse.
El problema principal es cuantificarla, ya que la corrupción misma convierte en menos transparente al Estado, situación que hace más difícil ponderar cuántos recursos públicos se pierden por esta causa.
Se recuerda que el expresidente de la República, Leonel Fernández, dijo en su primer gobierno que el Estado pierde por este mal RD$30,000 millones anuales, lo que era un escándalo con relación al monto del Presupuesto Nacional de esa época.
Pero, al día de hoy, por el incremento del Presupuesto, andaría por alrededor de RD$80,000 a RD$100,000 millones, que se pierden producto de este flagelo, según el coordinador general de PC.
Otro elemento a evaluar es cuánto se derrocha por el uso ineficiente de los recursos públicos, condición que se ha convertido en un pecado de los países pobres, debido a la falta de criterio racional para hacer las inversiones.
Por esta causa, República Dominicana, de un grupo de 149 países, quedó en el último lugar en despilfarro del dinero público, que es gastar en fiestas y francachela, escenarios tan censurables como la corrupción, cuyo elemento junto a la ineficiencia no ayudan a los dominicanos a salir de la pobreza.
“Ambas situaciones son reprochables y de alguna manera deben perseguirse, pues la impunidad en que operan, tanto la corrupción como la ineficiencia en el uso de los recursos públicos, son delitos que deben ser castigados”, indicó el jurista.
Si estos dineros se invirtieran racionalmente, el pueblo tendría una mejor educación, salud y se resolviera el problema eléctrico.
Todo cuanto se lleva la corrupción evidencia un acto bochornoso, mediante el cual un funcionario encargado del manejo de recursos públicos se lo apropia, pese a estar dirigido a ser invertido en las diferentes áreas, las cuales el Estado tiene la responsabilidad de desarrollar.
En ese sentido, para el coordinador General de la Alianza Dominicana Contra la Corrupción (Adocco), Julio César De la Rosa Tiburcio, la corrupción administrativa es la principal causante del subdesarrollo, ya que se ha cuantificado en un porcentaje considerable con respecto al PIB, así como frente al Presupuesto Nacional.
Presupuestos violentados
Se estima que de un Presupuesto de RD$400 mil millones, RD$100 mil se pierden. Esta circunstancia sitúa a la corrupción como el principal desafío de las autoridades y la sociedad en sentido general. Corresponde al presidente Danilo Medina, así como al Congreso Nacional, velar y fiscalizar; a la Cámara de Cuentas, como órgano de investigación y control externo de los Ministerios; sin olvidar a la Contraloría de la República, entidad de vigilancia previa.
Las construcciones son consideradas como los primeros focos de corrupción, lo que se evidencia en el irregular accionar del Ministerio de Obras Públicas, que al conceder las obras violan la Ley 34-06, sobre compras y contrataciones, otorgándolas grado a grado.
Pese a que este Ministerio cumple con la Ley, en lo referente al llamado a licitación, prepara los pliegos de condiciones para que solamente participen y sean beneficiadas las empresas que de antemano quiere favorecer.
Una evidencia de corrupción se observa en las sobreevaluaciones de infraestructuras, entre las que está la Autopista del Coral, que inicialmente fue contratada en US$232 millones y luego se hizo un adenda que la elevó a US$360 millones, violando la Ley 340-06, la cual establece que no se puede hacer un adicional de un contrato que sobrepase el 25% del valor original.
Esta autovía la construyó la empresa brasileña Odebrecht, que ha sido la beneficiaria de todas las obras importantes edificadas en los últimos años en República Dominicana.
Para verificar las sobreevaluaciones, Adocco se ha valido de comparaciones de costos de obras construidas por la Odebrecht en Colombia, donde levanta una carretera de 523 kilómetros a 2.4 millones de dólares, mientras en el país construyó 70 kilómetros a 5.2 millones de dólares.
La presa de Pinalito, con una generación de 50 kilowat, costó cerca de US$400 millones; sin embargo, en Panamá esta compañía edificó una presa con una producción de 223 kilowat, en US$620 millones, o sea 200 millones de dólares para 173 kilowat de diferencia.
Según Adocco, en otras naciones hay obras superiores a las realizadas en el país y sus costos están muy por debajo. Por ejemplo, la construcción por kilowat en presa oscila entre 2,000 dólares y en el país se calcula a US$6,000.
Igualmente, el costo por kilómetro lineal se estima ente 2.4, a 3 millones de dólares, mientras que aquí la computan entre 5.2 y 5.7 millones de dólares.
Por todo lo expuesto, entendemos que esos recursos que se pierden en complicidad con los entonces ministros de Obras Públicas, evidentemente impactan en el desarrollo sostenible de la nación, tal y como concluye De la Rosa Tiburcio.
En el caso del Corredor Duarte, otra obra construida por Odebret, fue también supuestamente licitada, pero con un pliego de condiciones para que fuera ganada por esta empresa.
En lo referente al túnel que va desde la avenida la 27 de Febrero a la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), y forma parte de esta solución vial, se cotizó en 50 millones de dólares.
Evidentemente, la corrupción se mueve de manera holgada en dos sectores: la construcción de infraestructuras como carreteras, túneles y puentes, y las hídricas, como presas y acueductos, que han afectado grandemente el interés nacional.
