A partir de este sábado, los inmigrantes en situación irregular no tendrán asistencia sanitaria gratuita, en una de las reformas económicas más polémicas de las emprendidas por el Gobierno conservador de Mariano Rajoy para cumplir el objetivo de déficit público impuesto por la Unión Europea.
La puesta en marcha de la no renovación de las tarjetas a «sin papeles» – una medida con la que calculan ahorrar unos 500 millones de euros – se ha encontrado con la oposición de numerosos grupos sociales y de parte de los médicos, que dijeron que seguirán atendiendo a esos pacientes que se queden fuera del sistema sanitario.
La portavoz del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, explicó en rueda de prensa que la cobertura se restringirá, en todas las comunidades autónomas, a los inmigrantes en situación irregular, que tendrán «derecho a una asistencia sanitaria, pero no utilizando una tarjeta sanitaria que (también) confiere derechos a sus familiares».
«No va a haber desatención sanitaria», dijo Sáenz de Santamaría tras el Consejo de Ministros del viernes, recordando que se atenderá a «menores, mujeres embarazadas, casos de urgencia, tratamientos de esos casos de urgencia, además de prevención y control de enfermedades transmitibles».
El paquete de reformas aplicadas sobre el sistema sanitario español, con el que el Ejecutivo busca un ahorro total de 7.000 millones de euros, incluye además el copago de recetas farmacéuticas que entró en vigor el pasado julio, medidas contra el turismo sanitario – para reducir los costes en 1.000 millones – , y el aumento de la coordinación entre comunidades.
Entre los críticos con la retirada de las tarjetas están las organizaciones sin ánimo de lucro Amnistía Internacional, Médicos del Mundo, Red Acoge y semFYC, que señalaron que la reforma vulnera los derechos humanos.
«Cuando entre en vigor, España incurrirá en una violación de los derechos humanos, por limitar el derecho a la salud de los colectivos más vulnerables (…) y por ser una medida regresiva y discriminatoria», explicaron el viernes en un comunicado conjunto.
Según los colectivos, esta decisión «podría costar vidas, porque dejará a miles de personas sin acceso a los sistemas de salud».
