Madrid.- Los inmigrantes en situación irregular que sean enfermos crónicos serán atendidos por el Sistema Nacional de Salud español, aunque el tratamiento lo deberá financiar el país de origen si existe un convenio de colaboración bilateral, y siempre que el médico considera que se trata de una urgencia.
En declaraciones a la emisora de radio española RNE, el director general de la Cartera Básica de Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia, Agustín Moreno, precisó que aunque no exista dicho convenio bilateral el inmigrante será atendido si hay un riesgo vital para su salud.
Cuando se presente esa situación, según Moreno, el médico no se va a fijar si hay un convenio de colaboración bilateral con el país del enfermo, sino que se fijará si es vital y urgente, si hay que tratar a ese paciente.
«Es lo que se va a hacer, lo que el médico considere que tiene que hacer como urgencia vital. El tema administrativo no lo lleva el clínico, que si considera que un paciente tiene una urgencia no se pone a preguntar si tiene convenio o cartilla o no», subrayó.
La noticia de la atención a los ilegales con enfermedades crónicas en España, se enmarca en medio de la polémica que se ha levantado en los últimos días con motivo de la reforma sanitaria llevada a cabo por el Gobierno español.
El Ministerio español de Sanidad anunció esta semana que los extranjeros que se encuentren en España y no coticen a la Seguridad Social tendrán que pagar una cuota mensual, de 59,20 euros mensuales y de 155,40 euros en el caso de los mayores de 65 años, si quieren tener una cobertura sanitaria completa.
Entre esos extranjeros se encuentran los inmigrantes ‘sin papeles’, pero también los europeos que quieran ser atendidos por el sistema sanitario español y a aquellos que durante su estancia en España quieran recibir esa cobertura total por el sistema público.
Desde que se dio a conocer la nueva norma, más de mil médicos españoles han manifestado hasta el momento su intención de acogerse a la objeción de conciencia para seguir atendiendo a los inmigrantes irregulares que sean sus pacientes, y alguna regiones como Cataluña (noreste) o Asturias (norte) han afirmado que también lo harán.
Además, las asociaciones de inmigrantes han anunciado que se movilizarán en contra de las nuevas medidas sanitarias, y han convocado manifestaciones para el próximo 1 de septiembre en varias ciudades de España.
Con esta nueva normativa, el Gobierno español quiere evitar el «turismo sanitario» y conseguir un ahorro de cerca de mil millones de euros al año.
Sin embargo, el Ejecutivo recuerda que, en cualquier caso, «todos los ciudadanos» tendrán garantizada su asistencia básica, es decir, las urgencias por enfermedad o accidente, la atención al embarazo, parto y postparto y la asistencia a menores de 18 años. EFE
