Saludan rescisión medida prohibía estudiantes ilegales

Monseñor Agripino Núñez Collado, rector de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (Pucmm), consideró como un gran paso la anulación del reglamento de Migración, el cual prohibía la inscripción en escuelas de los hijos de indocumentados y dijo que la educación es un derecho concebido en la Constitución y la Declaración de los Derechos Humanos.
 
Al referirse al tema, el coordinador del Diálogo Nacional sostuvo que el país no necesita más conflicto frente a los hermanos haitianos, por lo que entiende que debe buscarse una solución definitiva al asunto relacionado con la educación, así como el derecho a tener una identidad.
 
Habló del tema durante la firma de un convenio entre el Ministerio de las Fuerzas Armadas, a través del Instituto Superior para la Defensa (Insude), y la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (Pucmm), que busca impulsar actividades científicas y culturales en los cuerpos castrenses, coordinar encuentros de estudios, entre los que se destacan maestrías, especialidades, cursos seminarios y talleres.
 
El documento fue suscrito por Núñez Collado y el mayor general Antonio Valentín Jáquez López, del Ejército Nacional, director del Insude.
 
De su lado, el subdirector del Centro Bonó, Roque Féliz, también saludó la resolución del ministerio de Educación, que deja sin efecto la prohibición de inscribir en las escuelas públicas dominicanas a hijos de extranjeros ilegales.
 
No obstante, Féliz consideró que la flexibilidad de la medida no significa que se haya cambiado la orientación de la política migratoria en República Dominicana.
 
Entiende que el reglamento de Migración debe estar acorde con los derechos humanos establecidos tanto en la Constitución, como en convenios internacionales.
 
Lo anterior fue dado a conocer durante una rueda de prensa conjunta de la ministra de Educación, Josefina Pimentel, y el director de Migración, José Ricardo Taveras.
 
Se recuerda que una circular remitida el pasado 25 de mayo por la Dirección General de Migración al Ministerio de Educación, establecía que desde el primero de junio quedó prohibido recibir en las aulas a estudiantes extranjeros que no cumplieran con los requisitos legales exigidos, que incluyen un visado de estudiante, un pasaporte y una carta de aceptación del centro escolar para poder ser aceptados de manera legal.

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