Lima.- La irritación, con veladas amenazas, del expresidente de Perú Alan García contra una comisión parlamentaria que investiga la posible corrupción en su último gobierno, coincide este domingo con la inminencia de un informe de ese grupo legislativo.
El exgobernante dijo estar dispuesto a ser investigado, pero advirtió que si no se le prueba nada, los investigadores deberán renunciar a sus curules y no escudarse en su inmunidad parlamentaria, lo que sugiere una amenaza de juicio.
Afirmó además estar cansado «de los abusos politiqueros, del afán de figuración» y sostuvo que en las investigaciones «hay intereses políticos» que buscan destruirlo como opción de su organización, el Partido Aprista.
La arremetida de García coincidió con la revelación por la prensa de que la llamada megacomisión, por la gran cantidad de casos registrados en esa administración (2006-2011), sindica al ex primer ministro y extitular de Educación José Chang.
Chang, muy cercano a García, es acusado en el informe por malversación de fondos y otros delitos, como principal responsable de irregularidades en la remodelación de numerosas escuelas secundarias estatales, contratada cuando era ministro de Educación.
El exjefe de Gobierno es principal accionista de la universidad privada San Martín, a la que está ligado también García y a la que el grupo legislativo proyecta investigar por haber sido contratada para la elaboración del proyecto de remodelaciones.
Cuando recientemente la prensa reveló que García pagaba un cuantioso alquiler por una lujosa residencia y andaba en un automóvil muy costoso, él afirmó que la universidad citada le había facilitado tanto la vivienda como el vehículo.
Trascendidos de la megacomisión revelados por la prensa indican que el grupo detectó en el caso de las remodelaciones al menos una empresa constructora ligada a la universidad y que remodeló las casas de Chang y de García.
Lo sensible del tema determinó que ayer, cuando la comisión analizaba el tema, otro allegado a García, el parlamentario aprista Javier Velásquez ingresó a la reunión, sin ser miembro del grupo, para oponerse a que se investigue a la universidad.
Velásquez alegó que la San Martín es una empresa privada y ajena al ámbito de la comisión, cuyo presidente, Sergio Tejada, rechazó el alegato y señaló que el grupo parlamentario tiene derecho a investigar empresas vinculadas a la corrupción gubernamental.
El expresidente García fue acusado de enriquecimiento ilícito y otros delitos de corrupción cometidos durante su primer gobierno (1985-90), pero no fue sancionado porque se acogió a la prescripción de los procesos en su contra.
