Ginebra.- La alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Navi Pillay, expresó este miércoles su «profunda preocupación» por las restricciones al trabajo de las organizaciones no gubernamentales (ONG), que imponen las autoridades de numerosos países, entre los que citó a Venezuela.
En un comunicado, Pillay denunció las medidas adoptadas por ocho países para restringir el trabajo de las ONG, citando el caso de Venezuela, cuyo Congreso aprobó un proyecto de ley con una «amplia definición de acto terrorista» que puede aplicarse a protestas sociales y disidencia.
En enero de 2012, el Congreso venezolano adoptó una nueva Ley Orgánica contra el Terrorismo y la Delincuencia Organizada, pero todavía no ha sido firmada por el presidente, Hugo Chávez, según Pillay, quien explicó que dicha norma «establece una amplia definición de ‘actos terroristas’ que pueden aplicarse a actos legítimos de protesta social o disidencia».
Asimismo, criticó que la normativa propuesta sitúe a las ONG bajo la «vigilancia permanente» de un órgano estatal e imponga restricciones a su financiación desde el extranjero.
La Alta Comisionada también aludió a las medidas restrictivas a las actividades de las ONG tomadas en Egipto, Zimbabue, Camboya, Argelia, Etiopía, Bielorrusia e Israel.
Pillay aseguró que la libertad de asociación, que ella catalogó como la «esencia» de las ONG, «está bajo una presión creciente en muchos países del mundo» y denunció que los intentos sistemáticos para restringirla pueden ser «muy perjudiciales» para las organizaciones de carácter civil.
«Los actores de la sociedad civil ayudan a movilizar a las personas para que se involucren en decisiones que afectan sus vidas», recordó Pillay.
La ONU preocupada por restricciones impuestas por las autoridades a las ONG
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