La Comisión de Energía del Comando de Campaña del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), expresó este martes su rechazo al contrato por 80 millones de dólares entre la empresa AGGREKO, S.A. y la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), debido a que esa modalidad de contratación obligará a la parte gubernamental a pagar en exceso por capacidad instalada aún con la planta apagada, involucionando a una especie de Cogentrix más pequeño.
El equipo energético del PRD califica ese contrato de leonino y oneroso para el país, a la vez que resulta un anacronismo de graves errores cometidos en el pasado. Este contrato, según el PRD, es violatorio a la Ley General de Electricidad y la legislación sobre Compras y Contrataciones Públicas; además de que producirá electricidad más cara que el precio actual de generación, significará perdidas adicionales a la CDEEE por más de 21 millones de dólares al año, lo que agravará aun más el flujo financiero del sector e incrementará el subsidio del gobierno en perjuicio de otras áreas que merecen la atención oficial.
Los ingenieros Martin Robles y Antonio Almonte afirmaron que resulta inadmisible que se realice una transacción tan controversial como esta, a escasas semanas de las elecciones nacionales y a tres meses de instalarse un nuevo gobierno.
Citan como ejemplo que el PRD tiene su propia estrategia para enfrentar el problema eléctrico, la cual se basa en una mayor racionalidad financiera y el aumento de la facturación y las cobranzas, esquema en el que no se prevé la citada modalidad contractual, se estaría comprometiendo a la CDEEE con un contrato de 80 millones de dólares, 100 MW y dos años de generación eléctrica ineficiente, cara y alquilada: “Ningún país ha solucionado los problemas estructurales de capacidad de producción de energía alquilando plantas”, resaltaron.
“Los técnicos energéticos del PRD rechazamos categórica y absolutamente la contratación grado a grado realizada con AGGREKO por ser perjudicial al sector eléctrico ya las finanzas públicas, por carecer de transparencia y por qué constituye un abuso de las actuales autoridades, las cuales no tienen el derecho de comprometer con un contrato leonino, bajo una excusa indefendible e insostenible, las finanzas publicas por dos años del próximo gobierno que se instalará indefectiblemente a partir del 16 de agosto”, concluyeron.
