Madrid.- El líder de la coalición Izquierda Unida (IU), Cayo Lara, rechazó este sábado la decisión anunciada por el gobierno conservador español de limitar el derecho a los servicios sanitarios a los inmigrantes sin legalizar.
Lara se refirió así a las medidas de ajuste aprobadas la víspera por el Ejecutivo de Mariano Rajoy para ahorrar 10 mil millones de euros en materia de salud y educación, que castigarán fundamentalmente a los sectores más vulnerables de la sociedad.
En declaraciones a la prensa, el coordinador federal de IU denunció que las restricciones al acceso sanitario para los extranjeros sin papeles violan todas las convenciones europeas, la declaración universal de los derechos humanos y la propia Constitución española.
La administración del derechista Partido Popular (PP) adelantó que modificará la Ley de Extranjería, de modo que a los inmigrantes, a la hora de empadronarse, se les exigirán requisitos para acceder a las prestaciones médicas.
El también diputado de la tercera fuerza política en votos de España advirtió de la gravedad que supone que un país niegue a un ciudadano, tenga o no un papel, en alusión a su regularización, la asistencia en un hospital.
La sanidad pública es una conquista de la sociedad más civilizada de nuestro tiempo y no se puede consentir que haya marcha atrás, enfatizó el máximo dirigente de la coalición de izquierda.
Agregó que dicha cobertura es un acto humano, incluso «cristiano, para aquellos que hablan a veces en nombre de este cristianismo».
En esa línea llamó a los ciudadanos a parar esta ofensiva del PP, la cual, subrayó, no encaja en el sentido común de ningún ser humano, sea cual sea su ideología.
Según la ministra de Sanidad española, Ana Mato, en lo adelante no bastará con estar empadronado para obtener la tarjeta sanitaria, sino que se exigirá la residencia fiscal.
Ello implica que las personas en situación irregular sólo podrán acceder a las urgencias, la maternidad y los cuidados de los niños, asistencia básica asegurada a cualquier persona.
Por su parte, la asociación de consumidores Facua aseguró este sábado que la retirada de las prestaciones a los extranjeros sin un empleo estable es una inmoral perversión, la cual puede condenar a la muerte por desatención a multitud de ciudadanos.
Para el presidente de esa organización no gubernamental, Francisco Sánchez, esta medida del Gobierno es un paso más en la quiebra del modelo universal de salud español, con el fin de crear una sanidad para ricos y otra para pobres.
A su juicio, castigar a medio millón de inmigrantes con el argumento de que no trabajan en un país con más de cinco millones de desempleados es un insulto lleno de cinismo.
