Puerto Príncipe.- La Red Nacional de Derechos Humanos de Haití (RNDDH) consideró hoy como un peligro para la seguridad del país la movilización de un grupo de exsoldados, quienes tomaron desde febrero pasado antiguos campamentos militares.
Integrantes de las desaparecidas Fuerzas Armadas Nacionales de Haití (FADH) ocuparon viejos campos de entrenamiento en la periferia capitalina, principalmente en Delmas y Carrefour, de donde se niegan a partir pese a las órdenes del Ejecutivo.
La RNDDH llamó a las autoridades a actuar ante la existencia de «numerosos grupos fuertemente armados, formados por individuos autodenominados militares desmovilizados».
Estimamos que esos grupos constituyen una amenaza grave y real para la seguridad del país, dijo la plataforma civil.
El pasado fin de semana, los exsoldados demandaron al Gobierno una indemnización por 15 millones de dólares para compensar sus pérdidas tras la desaparición del Ejército hace 18 años.
El portavoz de los amotinados, Jean Baptiste Joseph, aseguró que no se retirarán de los campamentos porque «esa es su casa» y conminó al pago de la suma por los supuestos daños causados tras la descomposición del Ejército.
La fuerza armada haitiana estuvo formada por unos ocho mil hombres y fue disuelta en 1994 por el exmandatario Jean Bertrand Aristide tras ser las artífices de numerosas violaciones de los derechos humanos.
El presidente Michel Martelly emitió la pasada semana una orden para obligar a la desmovilización de los exsoldados en la que les prohibía además vestir el uniforme militar y andar armados.
«Martelly es el jefe nominal de las FADH y nosotros le debemos obediencia: ya no circulamos en trajes militares ni armados como lo había pedido, pero no podemos volver a nuestras casas, porque ya la tenemos: el cuartel es nuestra casa», dijo Joseph.
El vocero afirmó además que los exmilitares no se han rebelado contra el mandatario ni reciben financiamiento de organización alguna.
Martelly ordenó en noviembre anterior la creación de una comisión civil que se encargaría de gestionar el restablecimiento del poder militar.
Actualmente los trabajos de seguridad están a cargo de la Misión de las Naciones Unidas para la Estabilización de Haití, acusada por varios sectores de violaciones sexuales y de difundir la epidemia de cólera, que contagió a más de 500 mil personas desde octubre de 2010.
