Panamá.- El diálogo entre una comisión indígena y otra del gobierno panameño para definir la ley 415 que reforma el código minero sigue este martes en la sede de la ONU en el polo científico Ciudad del Saber, en medio de presiones.
Un pequeño núcleo de indígenas que aglutina la cacica suplente Mijita Andrade, a la cual la Coordinadora por la Defensa de los Recursos Naturales y Derechos del Pueblo Ngöbe Buglé y Campesinos tilda de divisionista, amenaza con cerrar carreteras.
La cacica general, Silvia Carrera, quien encabeza la parte indígena en las negociaciones, declaró de forma enfática que ella es la única representante del pueblo ngöbe-buglé en la mesa y desautorizó al grupo de Mijita a actuar contra el diálogo con el gobierno.
Rogelio Montezuma, presidente de la Coordinadora, llamó a sus compatriotas a mantenerse a la expectativa pero dentro de las reglas establecidas con la contraparte y los mediadores, la Iglesia católica, la Universidad de Panamá y la ONU, y no entorpecer las negociaciones.
A su vez, el gobierno recibe presiones también de empresarios que insisten en mantener abiertas las obras de la represa del río Tabasará, afluente decisivo para la comarca, donde se construye la hidroeléctrica de Barro Blanco, piedra de freno del diálogo.
El artículo 5 redactado por los indígenas, único en discusión, plantea eliminar las obras hidráulicas y concesiones otorgadas en la comarca y zonas anexas, lo cual incluye a Barro Blanco, obra en ejecución a un costo de 105 millones de dólares, de los cuales se han ejecutado 20 millones.
Los indígenas propusieron eliminarla y que el gobierno indemnice a sus dueños, pero estos últimos insisten en seguir la construcción a pesar de las irregularidades detectadas y expuestas en la mesa de negociaciones.
