La salida al impasse creado por la renuncia de un técnico del Centro de Cómputos de la Junta Central Electoral, y por la obstinada petición de la cancelación de otro por parte de un candidato, pone de manifiesto una vez más la madurez de la clase política dominicana.
El doctor Roberto Rosario Márquez, presidente de la JCE, identificó desde hace algunos meses la solución que terminó acogiéndose con algunas enmiendas de parte de los dos principales partidos del sistema: la creación de una gerencia de cómputos con cuatro técnicos (uno sugerido por el PRD, otro sugerido por el PLD, un tercero por la Iglesia Católica, más el actual gerente de cómputos Franklin Frías) obligados a tomar decisiones en forma colegiada.
Si la aspiración del reclamo que mantuvo el PRD era lograr mayor transparencia, la propuesta satisfacía ese requerimiento.
Por igual, estimo correcto que la JCE haya decidido otorgar la casilla número uno al Partido Revolucionario Dominicano, tomando en cuenta el resultado de las últimas elecciones, que fueron las de medio término, obviando el criterio de que se tomará como base las últimas presidenciales, porque ya la JCE había establecido un precedente que no podía variar so pena de sacrificar credibilidad.
Con esa decisión se ha anotado un reconocimiento importante el presidente del PRD, Miguel Vargas Maldonado, bajo cuyo liderazgo el PRD alcanzó esa colocación.
Importante ha sido también el espaldarazo que recibió la JCE esta semana por parte del embajador de los Estados Unidos, Raúl Yzaguirre, que ponderó la transparencia con la que se desempeña el arbitraje electoral y la fortaleza de la democracia.
Pero hay una decisión tomada por el pleno de la JCE, que no la comparto porque se coloca de espaldas a la Constitución, que en su artículo 125, dispone: “Vicepresidente de la República. Habrá un o una Vicepresidente de la República, elegido conjuntamente con el Presidente, en la misma forma y por igual período. Para ser Vicepresidente de la República se requieren las mismas condiciones que para ser Presidente”.
Ninguna ley ni reglamento puede conferirle a la JCE potestades contrarias a las de ese mandato, por lo que ese tema podría ser materia de un recurso de inconstitucionalidad. Es evidente que la presión montada por la campaña de Hipólito Mejía sirvió de condicionante, para que el pleno se excediera en complacencias y desestimara la inclusión en la boleta de la fotografía del candidato o candidata vicepresidencial.
Pánico despierta en las filas del PRD la inmensa popularidad de la candidata vicepresidencial del PLD, pero cuidado si al haber logrado que le vulneraran el derecho que le garantiza la Constitución, la convierten en víctima y los electores van a buscarla con más fe en la boleta del PLD y sus aliados, aunque no aparezca la fotografía.
Los tres frentes de la campaña del PLD están en las calles, y el triunfo en primera vuelta de la fórmula Danilo-Margarita, mutual del cambio seguro, no lo despista la mezquindad ni la guerra sucia. Los dominicanos no quieren retroceder.
