La expulsión de la carrera judicial del juez Baltasar Garzón, dictada por el Tribunal Supremo (TS), es rechazada por una amplia mayoría de la sociedad española, reveló este viernes una encuesta.
El alto tribunal de España condenó la víspera al conocido magistrado con 11 años de inhabilitación, por haber ordenado espiar las conversaciones telefónicas entre los jefes de la sonada red de corrupción Gürtel y sus abogados.
En su veredicto, el TS acusó a Garzón de los delitos de prevaricación y contra las garantías constitucionales, al ordenar interceptar las comunicaciones mantenidas en prisión por los principales imputados del caso Gürtel.
Esa trama corrupta salpicó a principios de 2009 a altos cargos del conservador Partido Popular, ahora en el poder.
Sin embargo, un sondeo de la firma Metroscopia, publicado este viernes por el diario El País, señala que para el 61 por ciento de los encuestados la sentencia es injusta, y la ve como la culminación de una persecución contra el célebre y controvertido juez.
Apenas un 36 por ciento de los entrevistados opina que había motivos suficientes para juzgarle.
Frente al fallo que le considera prevaricador por autorizar las citadas grabaciones, el 65 por ciento de los consultados estima que un juez debe poder interceptar esas conversaciones, si aprecia que lo que hablan va más allá del estricto derecho a la defensa.
La tesis contraria la comparte el 30 por ciento, de acuerdo con Metroscopia.
Apartado de sus funciones desde 2010, el mediático magistrado aguarda el laudo de un segundo proceso en su contra, relativo a su pesquisa sobre los más de 100 mil desaparecidos en la Guerra Civil (1936-1939) y la dictadura del general Francisco Franco (1939-1975).
Además de esta causa, el TS tiene abierto un tercer expediente contra Garzón, quien ganó notoriedad internacional por sus intentos de procesar al exdictador chileno Augusto Pinochet.
Es el referido a unos supuestos pagos recibidos del Banco Santander para patrocinar unos cursos que impartió en la Universidad de Nueva York, en 2005 y 2006.
Una amplísima mayoría -el 77 por ciento- afirma que no puede ser considerado un delito indagar judicialmente los crímenes cometidos por el bando franquista en la Guerra Civil.
Tan solo el 18 por ciento de los interrogados por la encuestadora sostiene que Garzón debe ser inculpado por intentar investigar las atrocidades de esa época.
Las tres causas abiertas al juez han dañado mucho la valoración de los ciudadanos sobre la justicia española en general.
Para el 65 por ciento ha empeorado, mientras que cuando se les pregunta sobre el Supremo en particular, el 62 por ciento tiene ahora una opinión peor sobre el alto tribunal, concluye Metroscopia.
Mayoría de sociedad española rechaza condena a juez Garzón
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