Venezuela formalizó la denuncia «irrevocable» del Convenio por medio del cual se creó el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones del Banco Mundial (Ciadi), informó hoy la cancillería.
En un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores indicó que ayer se denunció ante el Banco Mundial (BM), organismo del que es parte el Ciadi, el Convenio sobre Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones entre Estados y Nacionales de Otros Estados, vigente desde 1966.
Según la cancillería, el Gobierno «ha actuado con el fin de proteger el derecho del pueblo venezolano a decidir las orientaciones estratégicas de la vida económica y social de la nación».
Destacó, además, la decisión de sustraer al país de «una jurisdicción internacional que ha fallado 232 veces a favor de los intereses trasnacionales, en las 234 causas que ha conocido a lo largo de su historia».
El comunicado indicó que la Constitución venezolana «invalida, en su espíritu y en su letra», las disposiciones de ese convenio y citó una cláusula prevista en el artículo 151, según la cual las dudas y controversias que puedan surgir en contratos firmados por el Estado «serán decididas por los tribunales competentes de la República».
El pasado 8 de enero, el presidente Hugo Chávez anunció que Venezuela no reconocerá las decisiones del Ciadi y que debe salirse de ese mecanismo luego de que la trasnacional Exxon Mobil recordara que demandó al país ante esa instancia del BM tras el proceso de nacionalización de los activos petroleros venezolanos en 2007.
Previo al anuncio de Chávez, la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) indicó que solo pagará a Exxon 255 millones de dólares de los 908 millones de dólares que la corte de arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional (CCI) determinó, tras restar una serie de créditos reconocidos por el mismo ente arbitral.
El ministro venezolano de Energía y titular de PDVSA, Rafael Ramírez, reiteró que Exxon pretendía unos 12.000 millones de dólares en compensación por esos activos nacionalizados, monto que finalmente se redujo a 255 millones de dólares.
El Gobierno venezolano decidió hace cuatro años crear empresas mixtas entre PDVSA y las compañías internacionales, siempre dejando a la estatal venezolana como socio mayoritario.
Exxon, al igual que la también estadounidense Conoco-Phillips, no aceptó la fórmula y recurrió al litigio internacional, pero otra veintena de trasnacionales, incluidas algunas estadounidenses, aceptaron modificar su relación contractual al amparo de la nueva Constitución venezolana. EFE
