El gobierno refutó este martes las afirmaciones de un medio informativo canadiense que recientemente «distorsionó la naturaleza de la relación que mantiene la República Dominicana con la vecina Haití, así como de políticas internas normales y regulares en una nación soberana».
En una carta dirigida al periódico The Globe and Mail, en respuesta al editorial titulado «Es Injusto Privar a los Dominicanos Descendientes de Haitianos de su Ciudadanía», el ministro de Relaciones Exteriores, ingeniero Carlos Morales Troncoso, precisó que República Dominicana y Haití mantienen una relación normal, armoniosa y estrecha, características que se extienden a los ciudadanos haitianos que viven y trabajan en el territorio dominicano, en tanto están protegidos en virtud de los mismos derechos establecidos en la Constitución Dominicana.
Indicó que la investigación y la posible anulación futura, de documentos del registro civil, tales como certificados de nacimiento, de ninguna manera violan los compromisos internacionales de los derechos humanos asumidos por la República Dominicana.
Morales Troncoso expresó que no puede pedírsele a la República Dominicana que cargue con el peso que conllevan los costos humanos y económicos de la grave situación que enfrenta el pueblo haitiano, para lo cual ven como su mejor solución la emigración a la República Dominicana. Tampoco puede esperarse que asuma las consecuencias de las graves deficiencias que afectan al registro civil de Haití.
El Canciller explicó que como país soberano, República Dominicana es libre de determinar su propia ciudadanía y las reglas de migración dentro de los límites establecidos por el derecho internacional.
El Canciller aclaró la incorrecta afirmación de que el país ha cambiado recientemente su política de ciudadanía incluyendo la discriminación contra los haitianos con carácter retroactivo.
«La Suprema Corte de Justicia de la República Dominicana ha dictaminado en varias ocasiones acerca del tema de los hijos de inmigrantes ilegales, cualquiera que sea su origen, lo que confirma que si aquellos hijos nacidos de padres legalmente en tránsito, están excluidos de forma automática de obtener la nacionalidad, los hijos de aquellos que no pueden justificar su entrada legal o estancia en el país no pueden beneficiarse de un derecho mayor», puntualizó.
