WASHINGTON.- El Tribunal Supremo de Estados Unidos acordó el lunes tomar en sus manos el futuro de la reforma sanitaria del presidente Barack Obama, y se espera que dicte sentencia sobre el mayor cambio del sistema sanitario del país en casi 50 años en el verano del año que viene, a pocos meses de los comicios en los que Obama se jugará la reelección.
En el corazón de la batalla legal está si el Congreso rebasó sus competencias al establecer la obligación de que todos los ciudadanos se hagan un seguro médico antes de 2014 o tendrán que pagar una multa, una provisión conocida como mandato individual.
La decisión se esperaba desde septiembre, cuando el Gobierno de Obama pidió al principal tribunal del país que mantuviera la provisión de hacerse un seguro – pieza central de la ley – y 26 de los 50 estados pidieron por separado que toda la ley fuera anulada.
Expertos legales y analistas políticos creen que la votación será muy ajustada entre los nueve magistrados, cinco de ellos conservadores y cuatro liberales, por lo que todo podría depender del conservador moderado Anthony Kennedy, que suele emitir el voto decisivo.
La ley, que pretende ampliar la cobertura médica a más de 30 millones de ciudadanos que no tienen seguro, tiene amplias consecuencias para los costes empresariales y para el sector sanitario, afectando a aseguradoras, farmacéuticas, fabricantes de dispositivos y hospitales.
Si la sentencia se conociera en julio de 2012 situaría la cuestión en el centro de la campaña electoral que concluirá con los comicios del 6 de noviembre. Los sondeos muestran que los estadounidenses están muy divididos sobre la reforma, el logro más emblemático de la presidencia de Obama a nivel nacional.
Si el dictamen es en su contra, el intento de Obama de ser reelegido sufriría un grave revés legal y político. Si fuera a favor de la ley, le supondría un impulso legal, pero podría dar aún más munición a los candidatos republicanos, que han mostrado todos su oposición a la reforma.
El Supremo podría validar toda la ley, anular solo la provisión del mandato individual, invalidar la norma por completo o posponer la sentencia sobre el mandato hasta que entre en vigor.
El director de Comunicaciones de la Casa Blanca, Dan Pfeiffer, dijo que el Gobierno está satisfecho con la decisión del Supremo.
«Sabemos que la Ley de Atención Sostenible es constitucional y confiamos en que el Tribunal Supremo estará de acuerdo», afirmó.
Después de que Obama firmara la ley en marzo de 2010, tras una dura pelea poíitica en el Congreso, comenzó la batalla legal, con las apelaciones de algo más de la mitad de los estados del país.
