El trafico de drogas y otras actividades ilegales se habría incrementado en los aeropuertos dominicanos debido a una grave deficiencia en la instalación, suministro y actualización de equipos de seguridad por parte de la concesionaria Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI (AERODOM), la cual es responsable de la seguridad en las terminales aéreas.
Así lo determinó una investigación llevada a cabo por el Senado de la República sobre el manejo que da AERODOM a los aeropuertos bajo su control. La indagatoria revela que esa situación da al traste con los niveles de inseguridad que se observan en las terminales aéreas.
Dice que la grave deficiencia en la instalación, suministro y actualización de equipos de seguridad de los aeropuertos, no garantizan una seguridad eficiente acorde con los estándares internacionales, cuya situación, según la pesquisa, es la responsable del incremento constante y progresivo de actividades ilegales de narcotráfico a través de los aeropuertos dominicanos.
Indica que en los últimos días ha quedado evidenciada la inseguridad al robarse un avión del aeropuerto La Isabela; todas las iluminaciones del María Montez, así como motocicletas y otros objetos de Las Américas, pese a que los pasajeros pagan una tasa para la seguridad.
Aclara que todo eso pasa, pese a que AERODOM percibe dentro de la tasa aeroportuaria una proporción para ser utilizada en la seguridad de los aeropuertos, también estipulada en el contrato de concesión.
La investigación hecha por el Senado fue motivada a raíz de serias denuncias expuestas por el legislador Adriano Sánchez Roa, relativas a las intenciones de AERODOM en conseguir una ampliación de contrato para seguir operando los aeropuertos, en total unos siete.
Pero cuando el Hemiciclo senatorial se preparaba para acoger la resolución a fin de otorgar este beneficio, surgió ante la opinión pública el cúmulo de violaciones e irregularidades en la ejecución de la concesión, que hoy tiene atenta a toda la ciudadanía, lo que ha hecho que la mayoría de los senadores profundicen en la investigación, a fin de decidir lo correcto.
A partir de entonces se recomendó que el proceso se lleve con más calma, sin el apresuramiento existente, para que se analicen cada uno de los puntos expuestos por el autor de la resolución, el senador Adriano Sánchez Roa.
En la investigación salió a relucir que las tasas cobradas por AERODOM, pertenecientes CESAC, los bomberos y el Departamento Aeroportuario no han llegado a estas instituciones, lo que implica que no solamente deben ser retornadas, sino que los recursos retenidos tienen que recibirlos sus destinatarios.
Sobre la comisión que aún discute AERODOM, la correspondiente al Departamento Aeroportuario, se comprobó que la base que sirvió para esa medida fue falsa, pues no existió el “desequilibrio económico”, que alegaban, sino lo contrario, la empresa obtuvo en el 2004 un 260% de beneficios por encima de los ingresos proyectados y en el período de 2001-2004 alcanzó beneficios por el orden del 170%, de manera que la entrega de la tasa del Departamento Aeroportuario para su beneficio fue hecha en base a falsedades.
“De manera que de un ingreso proyectado de US$100, 308,153.52, en esos cuatro años, recibió US$170,477,159.60, logrando ganancias extras muy por encima de las esperadas de US$70,169,006.08, por lo que cabe preguntarse: ¿dónde está el llamado “desequilibrio económico”? Hay que concluir que los cambios operados beneficiaban a AERODOM, en vez de perjudicarlo”
Explica que el tercer adéndum conllevó a exenciones, exoneraciones y privilegios, como los impuestos de importación de todos los equipos y maquinarias, vehículos, equipos pesados, piezas, repuestos; el ITBIS aplicado a los bienes importados y todos los impuestos sobre combustibles, lubricantes y grasas, entre otros, en perjuicio de los ingresos del Estado dominicano y constitucionalmente, esto sólo puede hacerlo el Congreso Nacional.
Por eso, se plantea como iniciativa para enfrentar el cúmulo de violaciones, imprecisiones e incertidumbres, que el Estado ordene una exhaustiva auditoría financiera que permita conocer con precisión y fidelidad las inversiones realizadas, las violaciones constitucionales y legales incurridas y la pertinencia de la continuación de esta concesión, en los términos y condiciones actuales.
