WASHINGTON, EE.UU. – La República Dominicana montó una vigorosa defensa de su respeto a los derechos humanos y las normas constitucionales, al rebatir con hechos concretos las denuncias de una serie de organizaciones no gubernamentales de que hay en marcha una política de Estado para «desnacionalizar» a dominicanos de ascendencia haitiana.
De entrada, una comisión especial designada por el Ministerio de Relaciones Exteriores refirió ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que la audiencia temática convocada solo podía conocer, de acuerdo a sus reglamentos, «testimonios o informaciones sobre la situación de los derechos humanos en uno o más Estados o sobre asuntos de interés general».
Los embajadores ante la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Casa Blanca, Roberto Saladín y Aníbal de Castro, asistidos por el director general de Migración, José Ricardo Taveras y Mayerlyn Cordero Díaz, representante alterna ante la OEA, plantearon que los solicitantes introdujeron el tema con un carácter general pero, en la práctica, contravinieron el reglamento de la Comisión al someter casos particulares.
El punto importa porque esos casos aún se encuentran bajo conocimiento de las autoridades dominicanas competentes y no son susceptibles, en su etapa actual, de ser llevados ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por no haber adquirido el carácter de definitivamente juzgados.
