Amnistía Internacional (AI), abogó este miércoles por una reforma urgente en la Policía, al tiempo que advirtió que si el gobierno dominicano no controla las acciones de los agentes del orden en los supuestos intercambios de disparos, podría ser acusado a nivel internacional por violaciones a los derechos humanos.
AI afirmó que el uso de militares en labores de orden público no resuelve el problema de la violencia, tras destacar que en los países donde se ha hecho ese experimento ha resultado desastroso.
Para revertir esa situación, el organismo defensor de los derechos humanos exigió a las autoridades realizar cambios profundos en dicha institución que ponga fin a las ejecuciones extrajudiciales y torturas contra ciudadanos.
En un informe de IA dado a conocer en la mañana de este martes durante una rueda de prensa en el hotel Barceló, Javier Zúñiga, vocero de la entidad, reclamó a las autoridades dominicanas la implementación de reformas urgentes del cuerpo del orden. Testificó que ha podido documentar decenas casos de muertes, torturas y malos tratos por parte de la Policía.
Para sustentar sus aseveraciones puso como ejemplo que durante el período enero-julio 2011, murieron154 personas a manos de la Policía, según informaciones obtenidas en la Fiscalía del Distrito Nacional, en comparación con los 125 en el mismo período del año anterior.
Aunque reconoció que muchos policías han sido victimas de la delincuencia, Zúñiga cuestionó las cifras ofrecidas, señalando casos de agentes del orden que han perdido la vida; pero, que no todos estaban en servicio, sino en labores de vigilancia privada o en asuntos personales.
Dijo que la respuesta desde el punto de vista oficial sigue siendo que las violaciones de los derechos humanos son hechos aislados, acciones cometidas por unos pocos agentes corruptos y nada profesionales; pero, que es obvio que la mayoría de los casos de muertes fueron hechos criminales calificados como intercambios de disparos.
Ante la situación, consideró que las autoridades deben garantizar que los responsables de las muertes y las torturas respondan ante la justicia y que se tomen medidas para cambiar las políticas y prácticas que permiten la ocurrencia de abusos contra la ciudadanía.
Finalmente, Zúñiga aseveró que las Fuerzas Armadas no están equipadas, ni entrenadas para servir en labores del orden público y que en los países en los que se ha hecho ese experimento ha sido un desastre, citando el caso de su país, México, donde la situación por controlar la violencia con militares, en lugar de mejorar, empeoró
