Los jueces del Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional restituyeron este viernes las acciones que el señor Víctor Manuel Peña Valentín poseía legalmente en la compañía Centro Comercial Santo Domingo, propietaria de Plaza Merengue y condenaron a tres años de prisión domiciliaria y al pago de una indemnización de RD$30 millones, al presidente y al secretario dicha empresa, quienes accionaron en su contra para despojarlo de sus bienes.
Los sentenciados son Julio Rafael Peña Valentín y su secretario, Apolinar Montás Guerrero, los cuales deberán pagar la indemnización impuesta a favor de Víctor Manuel, hermano del primer imputado.
Los dos hermanos llevaban varios años enfrentados en los tribunales, ya que Julio Rafael y su secretario, el señor Montás Guerrero, mediante la falsificación de documentos privados, trataron de apropiarse del 20% de las acciones correspondiente a Víctor Manuel.
En tal sentido, los jueces Alina Mora de Mármol, Natividad Ramona y Rafael Antonio Pacheco los declararon culpables por falsedad en escritura y uso de documentos privados y asociación de malhechores.
El querellante estuvo representado por los abogados Manuel Sierra Pérez, Juan Tomás Vargas de Camps y Addy Tapia, quienes narraron que los acusados despojaron a su defendido del 20% de las acciones que posee en la empresa emitiendo certificaciones falsas.
“Luego de 23 años, es hoy cuando Víctor Manuel Peña Valentín recibe una decisión que reconoce que nuestro cliente no es solo fundador, sino accionista mayoritario de esa compañía”, adujo Tapia, quien ponderó la decisión del tribunal.
En la asamblea general ordinaria del 30 de agosto del 1986, el presidente de la compañía, Julio Rafael Peña Valentín, figura con 4,090 acciones y el querellante con 2,010. El resto de los miembros solo tenía 10 acciones cada uno.
Con el tiempo se produjeron inconvenientes entre los dos hermanos, porque supuestamente, el querellante se negaba a firmar actas de asambleas celebradas en su ausencia.
La acusación explica que “los imputados, de forma dolosa, con el propósito de sustraer las acciones del querellante, procedieron a excluirlo de las actas de las asambleas de la compañía depositándolas ante las autoridades sin la firma de éste”.
