Panamá.- La Cámara de Comercio de Panamá se mostró complacida por la ratificación del Tratado de Promoción Comercial (TPC), con Estados Unidos en el que ha trabajado en conjunto con el gobierno en los ocho años de negociación.
En una declaración entregada hoy a los medios de prensa Federico Humbert Arias, presidente de la Cámara, admitió que con el TPC se tendrán que dar cambios en todos los sectores, aunque opinó que para bien, a pesar de que estarán obligados a ser más competitivos.
El tratado de promoción comercial entre Panamá y Estados Unidos es un asunto de Estado. Hemos visto cómo tres presidentes de la República, sus cancilleres y ministros, han trabajado de la mano del sector privado, en un objetivo común.
En la Cámara confiamos que este acuerdo abrirá grandes oportunidades para Panamá, al tiempo que incentivará la competitividad y atraerá mayor inversión extranjera, lo que se traduce en beneficios indirectos para la sociedad y el consumidor final, agregó Humbert.
Explicó que el periodo de implementación debe durar unos 18 meses, en los que el gobierno y el sector privado deben apoyar a los productores nacionales, para asegurar que cuando entre en vigencia el tratado, «estemos listos para obtener los beneficios que nos puede dar».
No es, sin embargo, lo que opinan otros como Laurentino Cortizo, del Partido Revolucionario Democrático, para quien Panamá no está preparado para la gran prueba con Estado Unidos que significa el TPC.
El dirigente opositor, quien fue ministro de agricultura durante el gobierno de Martin Torrijos, aseguró que Estados Unidos sí está preparado, pero nosotros no, pues no podemos hablar de competitividad con un sistema educativo que está mal.
Recordó que Washington tiene subsidios por 300 mil millones de dólares a sus productores lo cual los pone en ventaja frente a los panameños.
Advirtió que si Panamá no se prepara desde ahora y se construye una política de Estado no sólo en el tema agro, sino también en el de justicia va a «enterrar» al sector agropecuario con ese TPC, y llamó a convertir la seguridad alimentaria en un asunto de seguridad nacional.
