El presidente de la Junta Central Electoral (JCE), Roberto Rosario Márquez, pidió este martes al Servicio Jesuita Refugiados y Migrantes (SJRM), depositar los nombres e identificar los casos de dominicanos de ascendencias haitianas, a los cuales les han anulado sus documentos de identidad.
El SJRM afirmó que un total de 1,584 dominicanos de ascendencia haitiana han sido víctimas de lo que denomina “política de desnacionalización” ejecutada por la JCE, a través de la resolución 12/7 del año 2007.
El 40% de las personas afectadas, según los Jesuitas, son de las comunidades de Don Juan y Quisqueya, en San Pedro de Macorís; 45%, en Monte Plata; 10%, en Guaymate, La Romana y de Neyba, el restante 5%.
El estudio indica que todas las personas están declaradas y reconocidas como dominicanas y que el 46% de ello se hizo de forma oportuna; es decir, respetando el tiempo establecido por la Ley, mientras que otro 46% fue reconocido de manera tardía: 30 días después del nacimiento en las zonas urbanas y 60 para las rurales, como se establece en la legislación 659-44.
Según datos dados a conocer por el Servicio Jesuita en el Centro Bonó, el 70% de las personas nacieron en territorio dominicano entre 1976 y el año 2000, bajo el artículo 11 de la entonces Constitución dominicana, por lo cual no les eran aplicables los criterios de la Ley General de Migración, promulgada en agosto del 2004.
Además, la mayoría de los padres de esta población afectada llegaron al país antes del año 2000, entonces se trata de personas que tienen más de 10 años residiendo en el país.
Cuestionado sobre el particular, Rosario alegó que la Junta recibió de varias organizaciones no gubernamentales, un listado de 120 personas que, supuestamente, habían sido objeto de desnacionalización. El magistrado afirmó que la activista Sonia Pierre alega que son 400, por lo que la emplazó a presentar las pruebas que tenga.
“Como los documento se reciben por Secretaría y tienen un sello de recibido, que los presente. Lo que se está discutiendo es quien dice la verdad o la mentira”, precisó.
Aseguró que la JCE examinó los 120 casos depositados, al tiempo que puntualizó que: “si ella llega a depositar los otros 300 que llevaría el número a 400 también serían estudiados; pero la JCE no puede responder a enunciaciones que no se corresponden con la realidad”.
