Quito.- El presidente ecuatoriano, Rafael Correa, aceptó hoy que investigadores de Naciones Unidas indaguen sobre la sublevación policial que sacudió a su Gobierno hace algo más de un año y que para él fue un intento fallido de golpe de Estado.
Correa, en declaraciones reproducidas por el portal informativo de la Presidencia, dijo estar dispuesto a que organismos internacionales investiguen los hechos de forma independiente, sin la intervención de políticos de la oposición.
Varios asambleístas contrarios al mandatario han pedido a la oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos que investiguen la sublevación policial, de la cual consideran como principal responsable al propio Correa.
«Que venga la ONU a investigar lo que le dé la gana, siempre y cuando (en esa indagación) no haya pillos de la oposición, que ya sabemos cuál es su postura», añadió Correa.
El mandatario recordó que en su país hay sectores que intentan negar y ocultar la actuación ilegal de los policías que el 30 de septiembre del año pasado protagonizaron el alzamiento.
En esa jornada, que concluyó con una decena de muertos, el propio Correa estuvo retenido por más de nueve horas en un hospital policial, asediado por agentes, del cual salió tras una operación militar desarrollada en medio de un intenso tiroteo.
Según Correa, hay una «abrumadora evidencia» que induce a pensar que incluso intentaron matarlo durante la revuelta.
Asimismo, el mandatario dijo estar de acuerdo con la desclasificación de documentos reservados de la fuerza pública sobre la rebelión policial.
El fiscal general del Estado, Galo Chiriboga, anunció esta semana que pedirá la desclasificación de informes militares sobre la revuelta, para profundizar las investigaciones.
Chiriboga dijo que pedirá al Consejo de Seguridad Nacional que levante la reserva de los documentos sobre «la identidad del armamento» que produjo las cinco muertes en Quito durante la operación de rescate de Correa.
Por los sucesos del 30 de septiembre de 2010 la justicia ecuatoriana ha condenado a nueve policías, seis de ellos miembros de la escolta legislativa que impidieron a asambleístas acceder a la Legislatura y otros tres que estuvieron presentes en la revuelta.
Los tribunales han absuelto al entonces director del hospital policial, César Carrión, y al excoronel Fidel Araujo, a los que Correa ha criticado reiteradamente por su supuesta participación en el motín.
