El Consejo Nacional de Educación (CNE) desautorizó los aumentos de las tarifas de los colegios privados y dio un plazo de diez días laborables para que demuestren, con soportes documentales pertinentes, que han hecho inversiones comprobadas y experimentado alzas en su costo de operación que justifiquen dichos incrementos.
La documentación deberá ser depositada en la Dirección de Instituciones Educativas Privadas del Ministerio de Educación que hará las evaluaciones correspondientes para su autorización o rechazo.
Esta decisión fue tomada, de acuerdo a lo previsto en el artículo 6 de la Ley 86-00, quedando, por tanto, vigente la tarifa del año 2010-2011, las cuales van de 4, 6, 8, 12 y hasta un 20%, según el colegio.
Asimismo, se prohibió, conforme a la Ley 136- 03 en su artículo 48, literal F y G, la retención de los expedientes de calificación, de documentos, la no aplicación de evaluaciones, por la falta de pagos o cuotas de parte de los familiares.
La resolución del Consejo, también anunció la creación de una comisión compuesta por miembros del CNE para que inicie la revisión de la Ley 86-00 con énfasis en la categorización de los centros educativos y el desarrollo de otros mecanismo de regulación, que rijan los temas referidos a costo y calidad del sistema.
La ministra de Educación, Josefina Pimentel, expresó que el encuentro, realizado a puertas cerradas este miércoles, contó con un carácter de armonía y respeto mutuo entre los sectores participantes, tras aclarar que los padres, previo acuerdo con los propietarios de colegios, deberán comprometerse a honrar sus deudas.
La reunión, que había sido pautada para las 10:00 de la mañana, se inició a las 10:45 a.m. y terminó a las 6: 40 de la tarde, contó con la presencia, como invitados especiales, de la directora del Instituto de Protección al Consumidor (PRO CONSUMIDOR), Altagracia Paulino, el presidente de la Federación de Padres de Niños en Colegios Privados y Escuelas Públicas, Juan Ávila y la presidenta de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, Josefa Castillo.
En la sesión afloraron posiciones a favor y en contra de las alzas aplicadas por las instituciones privadas y las resoluciones adoptadas por la Federación de Centros Educativos Privados (FENACEP), a través de las cuales pretendían aumentar sus tarifas del 10% al 30%, al tiempo que amenazaron con llevar a la justicia a los padres que incumplieran con sus compromisos de pago.
Previo al encuentro, la directora de PRO CONSUMIDOR calificó el aumento que han aplicado los colegios privados de ilegal y que esas alzas ensanchan la brecha que existe a nivel educativo.
En términos similares se había referido el presidente de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), Radhamés Camacho, quien declaró que aunque los colegios son empresas, la educación no es una mercancía.
