Diferentes sectores de la sociedad dominicana han rechazado de plano la inclusión de República Dominicana en el informe que anualmente realiza el Departamento de Estados de los Estados Unidos, sobre los países que no cumplen con los estándares mínimos para la trata de personas y que no realizan esfuerzos para erradicarlos.
La evaluación coloca bajo observación al país, junto a otras naciones de la región por el tráfico de personas, acusación que ha sido objeto de debates, no sólo en suelo dominicano, sino también, en otros que rechazan tal imputación.
La trata de personas se refiere a los casos en que las víctimas son sometidas a la esclavitud o trabajos forzados, como ocurre con la explotación sexual y las servidumbres involuntarias en distintas labores.
El Informe Sobre la Trata de Personas 2011, califica a 184 países, incluyendo a Estados Unidos y los cataloga en tres niveles según los resultados que obtienen en la lucha contra este mal. De acuerdo a los resultados del estudio, alrededor de 27 millones de personas siguen viviendo en condiciones de esclavitud en todo el mundo.
Cada año, por esa vía se evalúan los esfuerzos para combatir la trata de personas en todas sus manifestaciones, incluyendo la prostitución forzada, la explotación sexual y laboral de menores, niños soldados, trabajo forzado, y el abuso de emigrantes.
Entre los países incluidos, que según la tesis no hacen esfuerzos importantes para combatir ese flagelo se encuentran: Venezuela, Cuba, Irán, Corea del Norte y Arabia Saudí. Respecto a República Dominicana, el informe señala que el Gobierno “está haciendo esfuerzos importantes” para combatir el crimen, pero que no demostró mayores avances, por lo que fue sacado de la lista negra, sin embargo, permanece en la lista de países bajo observación especial.
De igual forma, el análisis coloca a Irak, Afganistán, Panamá, Costa Rica y Ecuador entre los 16 Estados que realizan «esfuerzos significativos» para cumplir con las normas; no obstante, tienen un «número absoluto de víctimas de las formas severas» de la trata de personas que es «muy significativo» o que va en aumento, o no presentan «pruebas» de avances en ese renglón.
En tanto, Colombia se sitúa junto a España en la categoría «uno» de países que cumplen «plenamente» con las normas mínimas dentro de la Ley de Protección de Víctimas de la Trata (TVPA, por su sigla en inglés), según el documento elaborado con datos de las embajadas y otras agencias del Gobierno.
En RD: sectores objetan
En lo referente al país, diversos sectores de la población han repudiado el análisis que coloca bajo la lupa a la República Dominicana en lo concerniente al tráfico de personas, porque entienden que las autoridades competentes hacen esfuerzos importantes para combatir la trata y el tráfico de personas.
En ese sentido, el canciller dominicano, Carlos Morales Troncoso, tras rechazar el informe, aseguró que una muestra del esfuerzo del gobierno y de las autoridades en proteger a las víctimas y citó, además, las estrategias de prevención que han dado al traste con importantes redes de traficantes.
Para el funcionario es inapropiado que Estados Unidos pretenda erigirse en una especie de árbitro del problema, ya que a su juicio el país está dando pasos concretos para identificar sus debilidades en la materia a fin de enfrentar con eficacia el fenómeno.
Asimismo, el Procurador General de la República, Radhamés Jiménez Peña y el fiscal del Distrito Nacional, Alejandro Moscoso Segarra, refutaron la investigación, al tiempo de declarar que este país mereció ser elevado del último nivel al intermedio por obtener la más alta calificación en protección a las víctimas y hacer esfuerzos significativos para cumplir con los estándares mínimos sobre protección e identificación de víctimas.
De su lado, legisladores dominicanos de diferentes partidos deploraron que otro país venga a imponer sus criterios sobre la República Dominicana, pues consideran que las autoridades están trabajando incansablemente.
Se recuerda que 148 países han suscrito el llamado Protocolo de Palermo, con el que Naciones Unidas busca erradicar el tráfico de personas, y que unos 130 países han promulgado leyes que criminalizan la “explotación del Siglo XXI”.
