El Centro de Estudios Sociales Padre Juan Montalvo advierte que existe una serie de eventos ocultados bajo el telón del paquetazo que afectan directamente la capacidad de compra de la ciudadanía y que están pasando desapercibidos en el discurso.
La institución denuncia que la sociedad en general no es la principal afectada por la reforma tributaria, pero tampoco es la favorecida, ya que las políticas públicas que se financiarían con estos ingresos extraordinarios son ineficientes, para dar respuesta a las necesidades más básicas de alimentación, educación, salud, vivienda y hasta de consumo energético y transporte para ganarse el día.
El Centro opina que el proyecto de ley presentado originalmente por el Poder Ejecutivo no es más que una fuente desesperada para recaudar fondos para cubrir déficit y presentan “rasgos” de progresividad. Sin embargo, las reformas introducidas y aprobadas en el Congreso anularon este factor, priorizando la percepción de mayores ingresos y sin detenerse a analizar a los afectados.
“Una semana de análisis y reuniones con sectores afectados, que no representan la población más vulnerable, más una aprobación apurada en una doble sesión de un día viernes y una carrera en la Cámara de Diputados, no son suficientes para ponderar todos los efectos de los cambios”, dijo Octavio Figueroa, director del Centro.
Sostiene que estas formas de solución no generan confianza en la gente y así pierden credibilidad ya no los/as políticos/as y los partidos, sino las propias reformas fiscales, por lo tanto una verdadera reforma tributaria tiene que dar espacio para transformar la carga de los impuestos indirectos, que actualmente representan el 70% de los ingresos del Estado.
Argumenta también que el descrédito de este año surge con las malas estimaciones realizadas por el precio del petróleo y los alimentos, que en el mes de marzo obligaron al Presidente a hacer anuncios poco gratos de recortes. A eso se suma una presión inflacionaria, producto del alza del precio de los combustibles y que responde a una aplicación interesada de la Ley de hidrocarburos.
Considera que a este aumento se le suma el 8% al peor servicio que tiene el país y que ha sido causante de movilizaciones y manifestaciones por parte de la sociedad, el servicio eléctrico. Adicionalmente la semana pasada se agrega el 14% dispuesto por las clínicas privadas en los servicios de hospitalización, atención ambulatoria y los diagnósticos. Todos estos en medio de una epidemia de cólera.
Señala que si a esto le agregamos la incertidumbre del comienzo de un nuevo ciclo educativo, sobre el cual ya se está hablando de aumentos en la mensualidad, la sensación de inconformidad se agrava. Sobre todo sabiendo que la educación y la salud pública actualmente no dan respuesta a las necesidades de la sociedad; esto como producto de los bajos niveles de inversión social.
Finalmente expresó que mientras el gobierno no sufre consecuencias por no garantizar una vida digna a la población, tiene el poder de excluir a 42,000 familias del beneficio de RD$ 700 que ofrece Solidaridad cuando no cumplen sus obligaciones con el programa.
