El anunciado paquetazo fiscal, para aumentar los ingresos tributarios y el alza en la factura eléctrica, han causado un gran revuelo entre los diversos segmentos de la sociedad dominicana, quienes rechazan tajantemente las medidas del gobierno porque afectan directamente a la clase menos pudiente de la República Dominicana.
Recientemente, la Superintendencia de Electricidad previó el incremento de un 8% a la tarifa eléctrica en junio, bajo el argumento de que los precios del petróleo se han disparado en el mercado internacional. Anterior a esto, en el mes de diciembre se dispuso un alza del 11% en la factura energética.
En tanto que el gobierno envió al Congreso Nacional un paquetazo fiscal que grava los juegos de azar, el sector turístico, mercado inmobiliario, así como sobre los consumidores y beneficiarios de dividendos.
Políticos, empresarios, eclesiásticos y miembros de la sociedad civil se han mostrado en desacuerdo con el “paquete impositivo”, alegando, alguno de ellos, que el gobierno busca tapar un déficit generado por el dispendio desmedido de los recursos del Estado en la pasada campaña política.
Los dirigentes perredeístas Miguel Vargas Maldonado, Hipólito Mejía y Luis Abinader, fundamentan su rechazo a la colocación de más impuestos, porque castigaran fuertemente el presupuesto de las familias y de las empresas, principalmente las pequeñas y medianas.
Los presidentes de la Organización Nacional de Empresas Comerciales (ONEC) y de la Federación Nacional de Comerciantes y Empresarios de República Dominicana (Fenacerd), Antonio Ramos y Ricardo Rosario, respectivamente, calificaron de inoportuno el nuevo aumento de 8% a la tarifa eléctrica anunciado por el gobierno.
Rosario dijo que este aumento en la tarifa eléctrica lesiona aún más las ya disminuidas ventas del sector comercial. “Parece ser que hay que estar preparados para más medidas económicas fuertes, esperemos en Dios que todas estas conversaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) no traigan más impuestos, lo cual sería también catastrófico para la canasta familiar”, dijo.
En los barrios, la gente tiene más miedo que inconformidad: “No es posible que nos suban la luz y ahora una reforma fiscal que de seguro encarecerá todos los productos de primera necesidad”, dijo Fática Santana, quien informó que labora en una casa de familia devengando 6,000 pesos mensuales.
Los empresarios Manuel Diez Cabral, del Conep; Ligia Bonetti, de la AIRD; Sandy Filpo, de la ACIS y Domingo Díaz, de la Asociación e Ferreteros, impugnaron el aumento por entender que provocará pérdidas de competitividad en el sector empresarial y, sobre todo, porque afectará el flujo de caja de las pequeñas y medianas empresas.
Diez Cabral demandó el cumplimiento de la Ley General de Electricidad en todos sus aspectos para que regresen las grandes inversiones y recordó que el año pasado la tarifa fue aumentada en más un 11%.
De su lado, el coordinador General de Participación Ciudadana (PC), Samir Chami Isa, consideró que la disposición es sumamente abusiva y, además, afecta directamente a los más pobres, mientras que el arzobispo Metropolitano de la Arquidiócesis de Santiago, monseñor Ramón Benito De la Rosa y Carpio, se opuso al incremento e invitó a las EDES “empantalonarse” y cobrarles el servicio a todos los usuarios.
Por su lado, el presidente de la comisión económica del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), Arturo Martínez Moya, propuso la reducción de un 50 por ciento los gastos de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), y las empresas distribuidoras de electricidad, para dejar sin efecto el aumento del 8% a la tarifa eléctrica.
