Alegados coroneles y oficiales superiores de la policía que ocupan campos de caña de los sucesores de la familia Hichez, en Hato Viejo, vendidos ilegalmente por el Consejo Estatal del Azúcar (CEA), quemaron los terrenos.
El fuego se extendió por más de 200 campos de caña que ocupan estos oficiales, que se identifican como el coronel Solís y el Mayor Castillo. El fuego cubrió una amplia zona en Hato Viejo II poniendo en peligro a familias humildes que residen en ese lugar.
Esos terrenos que el CEA tenía arrendados a la familia Hichez los vendieron a estos oficiales mediante recibos de 40 tareas, con un avance del 35 por ciento y a su vez los beneficiarios cercaron tres y cuatro mil tareas a dos mil pesos, a pesar de que el precio es de 350 pesos el metro.
Estas tierras tienen agua, electricidad y están a cincos minutos de Boca Chica. Los nuevos adquirientes se presentan con recibos del CEA procediendo a cercar grandes extensiones.
Los palos para cercar los campos de caña son cortados en la rivera del río Brujuela, fuente natural que nutre los pozos del acueducto de Santo Domingo. El 25 de agosto del 2004, el CEA entregó a la familia Hichez 8 mil tareas de tierra que son ocupadas en la actualidad por esos oficiales.
Mediante el oficio 927 del CEA, de la referida fecha, se establece: “certifico y hago constar, que de acuerdo con los informes del ex abogado III y encargado de la Unidad de cobros compulsivos, licenciado Gilberto Cedeño y el agrimensor Evert Rosario, miembro de la unidad de acción legal y recuperación de terrenos, los sucesores de Bernardino Abad Hichez, son propietarios de una porción de terreno con una extensión superficial de 8,540-52 tareas nacionales”.
Según el documento los terrenos están en las parcelas 2226, 550-B, 55l y 466, todos amparados por los títulos de propiedad registrados en el CEA, de conformidad a un contrato de arrendamiento vigente hasta la fecha de los años 1933 y 1936, con la firma Azucarera Dominicana, de capital norteamericano que administraban los ingenios de la región Este.
El administrador del CEA, Frank Matos, ordenó a los administradores de los ingenios de San Pedro de Macorís realizar una investigación de los reclamos de la familia Hichez sobre la propiedad de 35 mil tareas que van desde Hato Viejo, Cruce de Boca Chica y Boca Chica, comprobándose que en efecto la familia Hichez es su legítima dueña. A pesar de eso, estos terrenos fueron vendidos por el CEA en la presente administración.
El señor Matos ha sido condenado en seis ocasiones por vender terrenos privados en arrendamientos a terceros.
La familia Viccini presentó una demanda contra Matos, logrando una sentencia condenatoria. Sin embargo, el funcionario no cumple con las disposiciones de los tribunales.
La familia Hichez hizo un llamado al jefe de la policía Nacional, Mayor General José Armando Polanco Gómez, para que ordene una investigación y determine si los tales coronel Solís y el Mayor Castillo pertenecen a esa institución y de ser así que ordene que desocupen de inmediato los terrenos por ser una propiedad privada.
