Los hoteles del Estado, construidos durante el régimen de Rafael Leonidas Trujillo, son utilizados como un pastel, con el que los últimos gobiernos han pagado hasta favores políticos de amigos y allegados. De los 19, hay 18 arrendados y ninguna ley se tomó en cuenta para avalar esos contratos.

Además de la forma en que han sido arrendados los hoteles, las autoridades competentes ni siquiera se interesan en darle seguimiento a los acuerdos de inversión y mantenimiento a que llegan con los adquirientes.

Esos arrendamientos violan la Ley 340-06 sobre Contrataciones Públicas y en otros casos la 141-97, de Reforma de la Empresa Pública. La primera prohíbe el grado a grado y la segunda, establece la capitalización y una auditoria patrimonial a la parte interesada.

Hay contratos, que en vez de pagos mensuales, contemplan inversiones de los adquirientes en los hoteles arrendados. El Estado recibe cada año 35 millones 284 mil 286 pesos por concepto de alquiler.

El tiempo de alquiler oscila entre 20 y 40 años. Desde 1996 atrás no existían reglamentos ni ninguna ley específica que regulara el arrendamiento de los hoteles, se regía por el derecho común.

Los centros de hospedajes del Estado dominicano son el Caoba en Mao, Valverde; Cayacoa y Cayo Levantado, en Samaná; Comercial, Frances, Nicolás de Ovando y Jaragua, en Santo Domingo y Guarocuya, en Barahona y el Jimaní, en Jimaní.

También el Maguana, en San Juan de la Maguana; Marién, en Santiago Rodríguez; Matún, en Santiago; Nueva Suiza, en Constanza; Santa Cruz, en El Seybo; Villa Suiza, en Sabana de La Mar; Naranjo, en Higüey; Montaña, en Jarabacoa y La Mansión, en San José de Las Matas.

Contratos de esos hoteles establecen un pago mensual al Estado de RD$12 mil, US$2, mil y US$3 mil, después de los 10 años. Existen casos de inversionistas que tienen una gracia de 24 meses para recuperar su inversión, luego comenzar a pagar.

Durante el régimen de Trujillo, este ordenó la construcción de hoteles en diferentes ciudades del país, con el interés de alojar turistas locales y extranjeros y, a la vez, que sirvieran de escenario para celebrar las grandes festividades sociales que organizaban en honor al Jefe y su familia.

Fue así como Trujillo ordenó la construcción de hoteles en Santo Domingo, Mao Valverde, Samaná, Barahona, San Juan de la Maguana, Jimaní, Santiago Rodríguez, Santiago de los Caballeros, Constanza, El Seybo, Sabana de la Mar, Higüey, Jarabacoa y San José de las Matas.

Hoy día, cinco décadas después, dolientes de esas infraestructuras, algunas abandonadas, patrimonio de las comunidades donde fueron construidas, se preguntan qué ha pasado con esos hoteles y qué están haciendo o han pensando hacer con ellos el Ministerio de Turismo.

Las autoridades de la Corporación de Fomento de la Industria Hotelera y Desarrollo del Turismo (Corphotels) son los responsables directos de los centros de hospedajes del Estado dominicano.

Organismos como Alianza Dominicana Contra la Corrupción (ADOCCO) no solo han cuestionado los términos en que han sido transferidos los hoteles, sino que ha elevado sus quejas ante los tribunales, demandando formalmente la nulidad de algunos.