La madre de un joven asesinado en la ciudad de New York solicitó este jueves al presidente de la Suprema Corte de Justicia declarar nula una sentencia que dejó en libertad al matador sin cumplir la condena.
La sentencia que dejó en libertad al matador fue dictada por el juez Ejecutor de la Pena de San Cristóbal, Francisco Mejía Angomás. El matador del joven estaba condenado a 15 años de reclusión mayor.
La señora Eustaquia Hernández, madre de Carlos Antonio Hernández, ultimado por Alejandro Brito Borges, pidió al magistrado Jorge Subero Isa, abrir una investigación a los fines que el juez Mejía Angomás y el procurador fiscal adjunto, Félix Santana, informen las razones que los motivaron a dejar en libertad condicional al matador de su hijo sin ni siquiera haberla citado a la audiencia.
Asimismo, pide que sea revocada la sentencia 217-270-301-01 del 28 de julio 2010 con todas sus consecuencias legales, por comprobarse la irregularidad de la audiencia por la cual el imputado Brito Borges obtuvo su libertad condicional sin haber cumplido la pena impuesta.
Según el documento depositado en la SCJ, Brito Borges es un convicto asesino acusado de matar a mansalva en el 1990 a los policías Hipólito Severino Núñez y Ricardo Antonio Mercedes, cuyos hechos estaban pendientes de ser juzgados, porque su prescripción había sido interrumpida por acto de alguacil.
El juez Mejía Angomás lo dejó en libertad pese a que la señora Hernández le advirtió que el imputado había burlado la justicia con esas dos muertes, y que había huido a los Estados Unidos, donde mató a su hijo. Brito Borges también es buscado en Estados Unidos por narcotráfico.
La madre de la víctima dijo que su familia está bajo amenaza de muerte luego de que Brito Borges fuera dejado en libertad, el 28 de julio de 2009.
Se recuerda que Mejía Angomás puso en libertad a tres narcotraficantes condenados a diez años de prisión, bajo el argumento de que la sentencia no señalaba si habían sido condenados a diez días o diez meses.
También se ha visto involucrado en conflictos a causa de interpretación errónea de sentencias en que han resultado favorecidas personas que han sido condenadas por violar la ley penal y que fruto de la interpretación dada han salido en libertad y burlado la justicia.
