Veintidós años después de ser asesinada la jueza Hilda Argentina Martínez Calderón, los jueces del Cuarto Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, indultaron a tres hombres que eran acusados por el Ministerio Público de su muerte.
Salvador de Jesús Laureano Figueroa, Pompilio Augusto Nolasco Acevedo y Valerio Severino, eran sindicados por el Ministerio Público de la muerte de magistrada Martínez Calderón, ocurrida el 26 de enero de 1989.
Los jueces los descargaron de culpa porque no encontraron pruebas para enviarlos a prisión.
La jueza Martínez Calderón desapareció en momento que se encontraba en su apartamento ubicado en la avenida Circunvalación del sector Los Ríos, de la capital. También desapareció su vehículo.
La empleada de la Farmacia Selecta, Miguelina Cordero, confirmó que el día de la desaparición, Martínez Calderón se estacionó al frente de dicha farmacia, ubicada al frente del apartamento donde vivía, pero que momentos después observó que el vehículo no estaba.
El 28 de enero de ese mismo año, Salvador de Jesús Laureano Figueroa, encontró el vehículo estacionado en el Aeropuerto, y procedió a dejarle una nota manuscrita en el carro donde le establecía que se comunicara con su familia.
Pero el 20 días después, el 18 de de febrero, fue encontrado el cadáver de la magistrada en una cloaca de la avenida España frente a los almacenes de combustibles de la Compañía Shell, en Los Mameyes.
Los tres imputados declararon al tribunal que no tuvieron nada que ver con el caso.
