El ministro de Administración Pública, Ramón Ventura Camejo, afirmó que una de las características que se ha podido observar en el sector público dominicano es la inequidad en el salario de los empleados.
El funcionario solicitó la aprobación del proyecto que cursa en el Congreso Nacional sobre la estructura salarial.
Explicó que el proyecto persigue reducir la discrecionalidad en el Estado y que sea una ley la que diga los criterios y principios de los salarios públicos.
Ventura Camejo explica que el proyecto establece una evaluación de los cargos y para determinar las escalas salariales. Argumentó que para elaborar este proyecto se ha tomado en cuenta parámetro existente en otras naciones como España y Estados Unidos.
Entrevistado en un programa televisivo aclaró que después de aprobado el proyecto sus implicaciones no serán aplicada de una vez, sino que será de manera gradual.
Agregó que se busca establecer los salarios de acuerdo a los parámetros internacionales lo que ayudará a organizar el Estado dominicano.
Explicó que en la administración pública hay 450 mil empleados, a los cuales el Gobierno paga mensual unos seis mil millones.
Ventura Camejo consideró que el costo que pagar el Gobierno por esta transformación vale la pena debido a que se producirá una transparencia en la nómina del Estado y habrá mayor eficaz.
Puso como ejemplo el caso de Chile que ha logrado muchas cosas por la concertación que hubo en esa nación y agregó que aquí se ha tratado de tener la participación de la sociedad civil y la oposición.
Ventura Camejo dijo que los ministros no podrán, según establece el proyecto, establecer monto de salario, lo que ayudaría a mejorar la eficiencia en la administración pública.
Sostuvo que todo el gobierno debe alinearse a los proyectos de la MAP, porque los mismos están avalados por los organismos internacionales y que el presidente Fernández está de acuerdo con la modernización que se realiza.
Aseguró que se ha ido cambiando la mentalidad del servidor público y que las cosas no van como se quiere, pero si lleva paso firme hacia la consolidación de una buena gestión publica.
El ministro de Administración Pública explicó que el objetivo es tener la ley aprobada en el próximo año y que se afecte el presupuesto del 2012. Argumentó que las reformas no son fáciles de aplicar y que por esa razón ha tratado de consensual con todos los sectores dicha ley.
