El Procurador General Adjunto para el Sistema Eléctrico, Moisés Ferrer, adelantó ayer que apelará la sentencia que liberó de prisión preventiva sin pago de garantía económica a los ejecutivos de Plaza Central, acusados de un fraude eléctrico por cinco millones de pesos.
Ferrer dijo que en los próximos días interpondrá un formal recurso de apelación contra la decisión emitida por el juez José Alejandro Vargas del Tribunal de Atención Permanente del Distrito Nacional, quien impuso a Hugo Molina y Enrique Gil presentación periódica los primeros lunes de cada mes durante un período de seis meses, tras acoger un pedimento formulado por sus abogados.
La Procuraduría General Adjunta para el Sistema Eléctrico (Pgase), había solicitado prisión preventiva en contra de los administradores de Plaza Central, acusados del fraude eléctrico en perjuicio de la Empresa Distribuidora de Electricidad del Sur (Edesur).
El magistrado explicó que los acusados incurrieron en violación a la Ley 125-01 que fue detectada por técnicos que determinaron que el fraude era mediante la conexión directa de un transformador, dejando de pagar un alto consumo de energía de alrededor de cinco millones de pesos.
Enfatizó que como se hace constar en la instancia al Juzgado de Atención Permanente, ambos imputados, en su calidad de administradores, tenían conocimiento de la conexión clandestina del transformador y el consumo de energía sin ser registrada.
Asimismo, Ferrer destacó que esto es sólo una muestra de las pérdidas millonarias que representan para el país el robo de energía eléctrica que consideró debe ser drásticamente sancionado para evitar que se siga propagando y estorbando el avance de la República Dominicana.
Respecto a otros casos, Ferrer informó que fueron impuestas medidas de coerción a cuatro personas por cometer fraude eléctrico, en hechos diferentes en diversos puntos del Distrito Nacional y la provincia Santo Domingo.
Cesar Antonio Espinal Liriano, de 38 años, fue encontrado en franco delito de fraude eléctrico en perjuicio de Edesur.
El fraude consistía en suministro de energía directa soterrada que le suministraba al Restaurante Café Ijole, ubicado en la avenida Núñez de Cáceres número 571, del sector El Millón, en la Plaza Saúl Michel.
En este caso, el juez José Alejandro Vargas del 8vo. Juzgado de la Instrucción, en funciones de Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente, dictó medida de coerción a Espinal Liriano, consistente en garantía económica de tres millones de pesos, impedimento de salida del país y presentación periódica por ante el despacho de la Magistrada Gervacia Cid Martínez, Procuradora Fiscal Adjunta del Distrito Nacional, adscrita a la Pgase.
Ferrer indicó que, además de Espinal Liriano, también fueron sometidos a la acción de la Justicia Guillermo Gerardo Castro Aracena, José Alexander Tavera Brazobán y José Antonio Polanco, este último por el hurto de energía eléctrica en perjuicio de la Empresa Distribuidora de Electricidad del Este (EdeEste).
A los demás imputados se les impuso garantía económica, impedimento de salida del país y presentación periódica. Las medidas de coerción están contempladas en el artículo 225 del Código Penal, en sus numerales 1, 2 y 4.
Las citadas medidas fueron dictadas por violación a las Resoluciones números 1733-2005 y 58-2010 de la Suprema Corte de Justicia, a los artículos 73,284,226,227,228 y 229 del Código Penal y el artículo 125-01 de la Ley General de Electricidad, modificada por la ley186-07 y a los artículos 379 y 401 del Código Penal Dominicano.
El Magistrado Ferrer indicó que a los inculpados se les acusa de fraude eléctrico en la modalidad de conexión directa, luego de una efusiva investigación por parte de la Pgase.
