Expertos del Banco Interamericano de Desarrollo, BID, coincidieron hoy en que la corrupción y la impunidad aumentan la inseguridad ciudadana en las sociedades.
Durante el panel sobre “Los Nuevos Enfoques en la Prevención y Control de la Corrupción en la esfera Pública, desarrollado en el XV Congreso del Centro Latinoamericano para el Desarrollo, CLAD, especialistas afirmaron que estudios han evidenciado que la “corrupción y la impunidad han permitido a las organizaciones criminales desarrollar y establecer verdaderas estructuras de poder” en muchos países de la región.
Mauricio García Mejía, especialista en Modernización del Estado del BID, dice que en consecuencia la corrupción de funcionarios públicos con frecuencia es un producto de la delincuencia organizada.
Afirma, también, que la cultura de la corrupción surge, principalmente, por fallas en la selección, entrenamiento y promoción del personal que trabaja en las instituciones encargadas de trabajar en la seguridad ciudadana.
García Mejía, quien expuso en “Metodología para el Diagnóstico, Prevención y control de la Corrupción en Programas de Seguridad Ciudadana”, detalló que otras de las fallas que propician la corrupción tiene que ver con los salarios, equipamientos y los sistemas de rendición de cuentas.
De su lado, Paloma Baena Olabe, especialista senior en Modernización del Estado y Coordinadora del Área de Transparencia y Anticorrupción del BID, dice que diferentes estudios han determinado que la corrupción afecta de manera negativa el desarrollo económico de los países, la distribución del ingreso, la legitimidad del sistema político y el grado de criminalidad y delincuencia.
Al exponer en el tema “El Acceso a la Información como Herramienta para Prevenir y Controlar la Corrupción, Baena Olabe, sostuvo que los efectos de la malversación de los recursos del Estado afecta incluso la inversión.
Dice que dentro de los esfuerzos que han hecho los diferentes países de América Latina y el Caribe, además de fortalecer sus instituciones que tienen que ver con el Poder Judicial y Legislativo, así como el fortalecimiento de instituciones especializadas en la lucha de la corrupción, figura la de promover el acceso a la información del ciudadano con respecto a la gestión de cada una de las diferentes instituciones públicas.
Citó el caso de El Salvador y Paraguay, países que, afirma, no cuentan con legislaciones de acceso a la información, pero que están considerando proyectos de ley al respecto.
Baena Olabe considera que la “explosión de leyes de acceso a la información tiene origen no solo en el reconocimiento de su carácter como derecho fundamental, sino también por su rol de derecho instrumental, es decir, como condición sine qua non para la realización de derechos económicos, sociales y culturales en áreas tan diversas como la salud, el funcionamiento de los poderes legislativo, la igualdad de género y la prevención y control de la corrupción”.
Expuso que el derecho a la información tiene base en los principios de representación de la población que ha elegido a sus gobernantes a través del voto, cuyas acciones deben estar abiertas al escrutinio público.
En este panel, participaron, además, Fernando Cerna y Ana Inés Basco, consultor de la división de Energía y consultora en Modernización del Estado, en el Departamento de Capacidad Institucional del BID, respectivamente.
Cerna disertó sobre “Una Nueva Frontera: La Transparencia y la Eficiencia de la gestión del Mercado Eléctrico, mientras que Basco expuso sobre la Metodología de Diagnóstico del Marco Institucional para la Lucha contra la Corrupción”.
El XV Congreso del Centro Latinoamericano para el Desarrollo, CLAD, Sobre la Reforma del Estado y la Administración Pública se desarrolla en el país en Hotel V Centenario de esta Capital. El evento es auspiciado por el organismo regional y el Ministerio de la Administración Pública.
El CLAD es un organismo público internacional fundado en el año 1972, bajo la iniciativa del gobierno de México, Perú y Venezuela.
