Los industriales de Herrera propusieron al Gobierno crear un sistema independiente de vigilancia ciudadana para monitorear la puesta en marcha de las 30 recomendaciones anti-corrupción presentadas al presidente Leonel Fernández.
La 30 recomendaciones fueron presentadas al mandatario por un conjunto de organizaciones nacionales, internacionales e instancias públicas.
La Asociación de Empresas Industriales de Herrera y Provincia Santo Domingo (AEIH) consideró como una señal positiva que el mandatario encabezara la semana pasada un Consejo de Ministros para acatar las sugerencias expuestas por la Iniciativa Participativa Anti-Corrupción (IPAC) y que de inmediato adoptara decisiones concretas para hacer cumplir la Ley de Compras y Contrataciones.
La entidad empresarial, presidida por Wadi Cano Acra, dijo que no es suficiente haber encargado del monitoreo social del cumplimiento de las medidas a la Comisión Nacional de Ética y Combate a la Corrupción, pues, desde su punto de vista, se requiere de una plataforma más amplia e independiente, similar a las “veedurías ciudadanas” que funcionan en las democracias modernas.
Indicó que esa estructura de vigilancia ciudadana está especificada en la propuesta de Estrategia Nacional de Desarrollo que el mismo gobierno ha estado socializando con distintas instancias políticas, sociales, empresariales y comunitarias, a fin de establecer un proyecto de nación sobre bases consensuadas.
A juicio de la organización empresarial, el mecanismo de vigilancia ciudadana podría ampliarse con integrantes de las mismas organizaciones que elaboraron las 30 recomendaciones anti-corrupción, como la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS), el Consejo Dominicano de la Unidad Evangélica (CODUE), el Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), entre otras.
Argumentó que un sistema de monitoreo social, para que se cumplan las medidas anti-corrupción en las áreas de contrataciones y adquisiciones, servicio civil, gestión financiera, acceso a la información, energía, infraestructura, entre otras, exige una instancia que no tenga los pies en el Palacio Nacional y que pueda elaborar informes no mediatizados por la detentación de un puesto público.
“La AEIH considera que para propiciar el desarrollo sano del mercado y evitar sobre costos a las empresas, es necesario fortalecer los mecanismos anti-corrupción para que el sistema productivo cuente con un Estado árbitro que no propicie la competencia desleal ni establezca privilegios a favor de grupos específicos”, manifestó la organización empresarial en un comunicado.
En ese sentido, saludó la decisión del presidente Fernández de ordenar a la Contraloría General de la República rechazar cualquier libramiento de pago que incumpla la Ley de Compra y Contrataciones, pero dijo que “esto es apenas un peldaño de la gran labor que demanda la lucha anti-corrupción en la esfera estatal”.
