La Fundación Justicia y Transparencia, mediante informe solicitado a instancias de la Comisión de Justicia del Congreso Nacional y declaraciones de su presidente y vocero, Trajano Potentini, valoró positivamente, en términos generales, el contenido del Proyecto de ley sobre Declaración Jurada de Patrimonio y Enriquecimiento Ilícito.
El jurista considera que fue elaborado siguiendo técnicas jurídicas modernas y de avanzada, con el propósito de integrar mejores herramientas para el combate contra la corrupción.
Trajano Potentini respaldó la propuesta sosteniendo que en todo sentido supera la anterior Ley No. 82-79 sobre Declaración Jurada de Bienes, al tiempo de hacer acopio de diversos instrumentos que en el orden internacional obran para eficientizar la presentación y consecuencias legales derivadas de ese tipo de declaraciones.
Al realizar observaciones de forma al proyecto en cuestión, Potentini defendió el propósito perseguido por los redactores, y felicitó al Congreso Nacional por la favorable, decidida y encomiable actitud progresista que asumen sus miembros, satisfaciendo justos reclamos sociales de modernización estatal.
De la misma manera, Potentini solicitó mediante escrito al efecto, dirigido al Congreso Nacional, dos propuestas que juzgó necesarias para completar un sistema efectivo de prevención de la corrupción.
La primera propuesta trata sobre la creación de un Tribunal Nacional de Ética Pública como estructura jurisdiccional capaz de sancionar con penas pecuniarias y la inhabilitación temporal para cargos públicos, las inconductas siguientes: conflictos de intereses, tráfico de influencia, aceptación de regalos de vinculados con el sector público de que se trate, incumplimiento reiterado de la ley de Acceso a la Información Pública, la no observación prudencial de las leyes, reglamentos e instructivos de la Contraloría General de la Republica y de la Cámara de Cuentas en el manejo contable y presupuestario de los fondos públicos e inobservancia de la ley 340-06, sobre Compras y Contrataciones Públicas, entre otras.
La segunda propuesta es para que se criminalice la evasión fiscal, considerada por el jurista como tanto o más dañina incluso que la corrupción administrativa. En este sentido, Trajano Potentini sostuvo que es fácil comprobar que la mayoría de las extradiciones hacia Europa realizadas desde República Dominicana, se corresponden con este tipo de ilícitos penales, pues la justificada persecución que realizan los países desarrollados de esas conductas ilícitas se relaciona con la disminución de la riqueza operada por la sustracción de los legítimos ingresos a que tiene derecho el Estado y sin los cuales no es posible invertir en el desarrollo nacional.
