El atraso que aún existe en la justicia dominicana se debe al bajo presupuesto dispuesto por el Gobierno para ese poder del Estado, lo que según abogados consultados imposibilita la creación de tribunales, departamentos judiciales y el nombramiento de más jueces y fiscales adjuntos.
No obstante, los abogados reconocen que el sistema judicial dominicano ha avanzado bastante, pero aclararon que ha debido avanzar mucho más.
Para el jurista Fernando Pérez Vólquez, ex presidente de la Asociación Dominicana de Abogados, aún persisten situaciones que son inexplicables, como el hecho de que la justicia tenga el mismo presupuesto de hace cuatro años, cuando el país tenía menos ciudadanos, menos conflictos a nivel penal y de diferencias civiles.
“De manera que las contestaciones han aumentado y se han agudizado, por lo que el país necesita tener más jueces y tribunales y necesita también la creación de más departamentos judiciales”, precisó.
Pérez Vólquez no se explica que en el año 2010 una contestación que se inicie en la provincia Peravia o en Azua tenga que terminar en San Cristóbal o una contestación que empiece en Higüey, La Romana, Hato Mayor o El Seibo, tenga que acabar en San Pedro de Macorís.
Significó que en esa parte la justicia ha venido dando muestras de un atraso significativo, con origen en la falta de presupuesto, puesto que todos los departamentos judiciales están creados por la ley y el espíritu de la Suprema Corte de Justicia es ponerlo a funcionar.
Significó que eso no ha sido posible, porque el Gobierno no ha aumentado el presupuesto, lo que ha imposibilitado que se ejecuten nuevos programas a favor del Estado de derecho del país y en beneficio del pueblo y la justicia dominicana.
Por su parte, el abogado Napoleón Rojas sostuvo que lo observado en la justicia dominicana es una realidad incontestable e insoslayable que no se puede ocultar, pero aclaró que la justicia de hoy es más higienizada, decente y trasparente.
“En realidad es mejor justicia, los jueces y los fiscales tienen mejor nivel de formación”, dijo, pero observó que departe de los fiscales hay una línea equivocada porque piden para todo prisión preventiva y condena.
Rojas explicó que los fiscales aún sin tener las pruebas o teniéndolas más allá de lo que establecen los artículos 26, 166, 167 y siguiente, del Código Penal Dominicano, también quieren agenciarse una sentencia de condena y se ha desarrollado una competencia entre ellos.
La competencia está relacionada en el que más autos de apertura y prisión preventiva tenga, entonces se le da un bono o un premio extra a su salario.
“Esa competencia es incorrecta, porque eso coloca a los fiscales más allá del mandato de la ley que es ser objetivo”, indicó Rojas
También el doctor Tobías Santos aclaró que el artículo 11 del Código del Estatuto del Ministerio Público y el 265 del Código Procesal Penal establecen que los fiscales en la presentación de su acusación deben ser objetivos, por lo que entiende que no habrá objetividad cuando un fiscal anda en procura de aumentar sus ingresos o sus salarios.
En esa parte, necesariamente, el fiscal del Distrito Nacional, que es un fiscal que ha hecho un gran trabajo en beneficio del Ministerio Público deberá echar atrás esa decisión porque está convirtiendo a los fiscales en persecutores a toda costa de los autos de envío a juicio, prisión preventiva y sobre todo la sentencia de condena.
