El senador Wilton Guerrero, responsable de las más delicadas denuncias con miras hacer conciencia sobre el caso Paya, hecho sangriento que precisamente este martes cumple un año, esta vez involucra a los policías de puesto en la Bombita de Azua del “tumbe” de drogas del pasado 30 de julio.
Guerrero, senador peledeísta por la provincia Peravia, llamó narcotraficantes a los policías que participaron en el “tumbe”, donde murieron un sargento de la institución y dos civiles.
El legislador explicó que las tres personas fueron asesinadas en un matadero, en cuya participó como autor intelectual, el primer teniente Alberto Arturo López Segura, jefe policial de La Bombita, enviado a la cárcel a cumplir tres meses de prisión preventiva.
Sostuvo que minutos antes de la balacera, donde se produjo el “tumbe” de drogas, López Segura recibió 2 millones 500 mil pesos de parte de narcotraficantes procedentes de Santo Domingo.
Guerrero explicó que el primer teniente dispuso que el sargento muerto se desmontara de un carro rojo, marca Toyota corola, y ocupara otro Honda, color gris, donde viajaban los capos, y en caravana llegaron hasta el kilómetro 4 de Azua-Peralta, donde se detuvieron y de inmediato los militares abrieron fuego a los del carro gris.
Dijo que se desconoce de donde salió el disparo que mató al suboficial. Advirtió que el jefe de la Policía, mayor general Rafael Guillermo Guzmán Fermín, recibió un informó incorrecto del hecho de sangre, porque propiciaron hacerle homenaje póstumo a “un criminal”.
Wilton Guerrero ofreció sus declaraciones en rueda de prensa realizada en sus oficinas del Senado de la República. Criticó que al cumplirse un año del caso Paya, las investigaciones y el juicio sigan estancados, y atribuyó a esa apatía de las autoridades, el hecho de que el narcotráfico siga ganando terreno en el país.
En la matanza de Ojo de Agua, en Paya, Baní, el 4 de agosto de 2008, murieron siete colombianos. Mientras que el juicio contra los 25 implicados sigue estancado en su fase de instrucción, debido a las alegadas tácticas dilatorias de la defensa.
El caso comenzó a conocerse el jueves 14 de mayo, ante los tribunales de la provincia Peravia. Luego, por alegadas razones de espacio, pasó a San Cristóbal. Otra de las circunstancias que ha provocado el aplazamiento de la audiencia es la ausencia de algunos de los abogados de la defensa.
Asimismo, nunca se ha sabido nada del cuerpo del delito, los 1,300 kilos de cocaína y US$15 mil. El Ministerio Público presentó formal acusación contra los 25 imputados, el pasado 15 de abril.
En el rapto, asesinato y “tumbe” de los mil 300 kilos de cocaína participaron, de manera directa e indirecta, siete ex miembros de la Marina de Guerra, dos ex miembros de la Policía Nacional y 16 civiles, según la acusación que presentó la Procuraduría ante los tribunales de Baní.
El 4 de agosto del 2008 fueron raptados ocho extranjeros de una mansión ubicada en la carretera de Baní, luego fueron llevados a un cañaveral de Ojo de Agua, donde fueron ejecutados. A la matanza sobrevivió el nicaragüense Orín Clinton Gómez.
El 5 de agosto un guarda campestre encontró los siete cuerpos en el cañaveral. Del rapto de las víctimas hubo dos testigos, Emilio Basilio Victoria y Mercedes Carvajal, quienes eran los empleados domésticos de la casa.
En la matanza de Paya fueron ejecutados los colombianos Darío José Atencio Vargas, alias El Jefe o El Don; Eduardo Fabio de León, alias Negro o El Gordo; Antonio Zuluaga Mustiola, alias Ceferino; Apolinar Altamirano Cuélla, Geovanny Alejandro Bowie, Enrique Marín Gutiérrez, alias El Washi y Oscar Darío Naranjo, alias Fierrito.
Después de los asesinatos, una parte de la droga se quedó en una casa del distrito municipal Villa Sombrero, en Baní, y posteriormente fue trasladada a una casa del sector Prado Oriental en el municipio Santo Domingo Este, conforme con las declaraciones de los acusados.
