El presidente de la Cámara Penal de la Cote de Apelación, Hugo Alberto Valencia, desmintió este lunes que ese órgano recibiera presión de la embajada norteamericana de suspender sus visas, sino castigaban algunos casos en especifico.
Valencia dijo que de ser así, no aceptarían chantaje, porque “la dignidad de los dominicanos está por encima de una visa norteamericana”.
El gobierno de Estados Unidos envió una nota a las autoridades dominicanas por el rechazo de la extradición de Juan Alberto Astwood Burgos, acusado de homicidio en Nueva York.
La queja de Estados Unidos está contenida en una comunicación que el embajador Robert Fannin envió el 20 de junio al presidente de la Suprema Corte, doctor Jorge Subero Isa, informándolo de su descontento.
Fannin ponía a Subero Isa en conocimiento de la nota diplomática de protesta 124, que su gobierno envió al dominicano a través de la Cancillería, cuestionando la interpretación que los jueces de la Cámara Penal hicieron del tratado de extradición de 1909 para rechazar la extradición de Astwood Burgos.
Las autoridades de Estados Unidos reprochan específicamente la interpretación que los jueces hicieron al artículo V del Tratado. Piden que eso se corrija y no vuelva a ocurrir en el futuro.
“Como bien explica la Nota 124, nuestra posición es que la Cámara Penal obvió las disposiciones del Tratado de Extradición de 1909 al tomar su decisión, a la vez que esperamos que las demás sentencias respeten el Artículo V del Tratado en apego al espíritu de reciprocidad que rige nuestras relaciones de extradición y a los términos del Tratado de Extradición entre nuestros países”, dice la comunicación del embajador.
Los jueces de la Cámara Penal enrostran al embajador que tal reciprocidad no ha sido cumplida del lado estadounidense en 100 años que tiene vigente el Tratado.
La nota diplomática fue entregada a finales de junio, pero fue este lunes cuando se tuvo conocimiento de su existencia. Cristian Jiménez la leyó en el programa “Hoy Mismo”, de Color Visión, Canal 9.
Valencia opuesto a Sala Constitucional
Por otra parte, Valencia sostuvo que no es necesaria la creación de una Cámara Constitucional, porque en los 12 años que lleva en la entidad se han resuelto unos 514 casos de inconstitucionalidad, 40 casos por año.
Entiende no se justifica el nombramiento de seis y siete jueces más, ganando entre RD$200 y 250 mi, pese a la crisis económica que atraviesa el país y el mundo.
El magistrado manifestó que con la estructura que se maneja la suprema, es más que suficiente y llamó a dejar las cosas como están. Reconoció hay errores que corregir, como en cualquier empresa, pero insistió en que durante 12 años, han hecho un magnifico trabajo.
Sugirió prestar atención a las instituciones criticadas por la corrupción, e investigar sus acciones y de comprobarse las irregularidades, entonces castigarlos fuertemente, como lo harán ellos si estos casos llegan a sus manos.
