La Alianza Dominicana Contra la Corrupción (ADOCCO), mostró su preocupación por las reiteradas denuncias de la participación de representantes del Ministerio Publico, en negociaciones con imputados, a los fines de favorecerlo con su inacción procesal.
Julio César de la Rosa Tiburcio, El Coordinador General de la entidad, señaló que estas denuncias han sido reiteradas al Procurador General de la Republica, por lo que le causa sorpresa que haya designado una comisión integrada por los Procuradores Fiscales del Distrito Nacional y la provincia Santo Domingo, ya que estos tienen conocimiento de la participación de algunos de sus adjuntos en los hechos denunciados y que ratificamos.
El vocero de la entidad anticorrupción, Julio César de la Rosa Tiburcio, se quejo de que las autoridades reaccionen a posteriori, no a piori, sobre todo cuando un medio de comunicación responsablemente hace la denuncia o una organización de la sociedad civil como indican los manuales de supervisión y vigilancia de los funcionarios que intervienen en aéreas tan sensitivas como la de llevar hasta las últimas consecuencias los hechos delictivos que afectan a la sociedad dominicana.
“En la Fiscalía de la provincia Santo Domingo, es un secreto a voces de que opera un sistema tarifario de solución de casos, secreto del que no son ajenos las autoridades del Ministerio Publico y el Poder Judicial y eso es por la falta de vigilancia con que opera el sistema, en donde fiscales y policías han sido denunciados como participantes del tumbe de drogas, constituyéndose esta acción en una vergüenza para el sistema de justicia nacional” indicó De la Rosa Tiburcio.
Igualmente, dijo que ver noticias como esa “Fiscales adjuntos de investigaciones criminales estarían “negociando” con personas involucradas en expedientes a cambio de desvincularlos de las acusaciones o, en su defecto, lograr que lleguen a los tribunales sin ningún tipo de sustentación.
Sostuvo que esta distante del anunciado avance del Ministerio Publico y el Poder Judicial, porque si eso es aquí en la provincia y el Distrito, lo que sucede en el interior del país es penoso y tétrico, para citar dos casos, San Cristóbal e Higuey, donde la gente acude ante el Ministerio Publico convencido de que no tendrán la receptividad que procuran, porque quien carece de recursos no le queda otro camino que no sea el de las lamentaciones.
Manifestó que es una verdad de Perogrullo “de que representantes del Ministerio Público presuntamente se “transan” con personas vinculados a crímenes diversos, instrumentándoles expedientes con elementos de juicios blandos, para lograr que caduquen durante el proceso de investigación, o que cuando sean juzgados queden en libertad simplemente por falta de pruebas”.
“Naturalmente, para que esto se pueda materializar, necesariamente deben actuar Fiscales, Jueces y Policía, en los casos que haya querellante y parte civil, sin embargo en los casos de drogas y delitos conexos, en donde el afectado es el Estado y cuya representación recae en el Ministerio Publico, este tiene la cancha abierta para disponer la suerte de los imputados y es donde opera el cartel judicial”, afirmó el vocero de ADOCCO.
De la Rosa Tiburcio Solicitó al procurador General de la Republica, que tiene la gran oportunidad de sanear este cuerpo y separar del sistema a los que de manera perversa actúan de espalda a los legítimos intereses de la sociedad, por entender que hay Fiscales que actúan con apego irrestricto a la ética y principios morales, como también hay Jueces serios y responsables.
