El Centro de Estudios Sociales Juan Montalvo llama la atención de las autoridades y de la opinión pública sobre el hecho de que cualquier cambio o reforma tributaria que se realice debe orientarse a la eliminación de la pobreza, la búsqueda de la igualdad y la protección.
En un país con los elevados niveles de pobreza y desigualdad que tiene la República Dominicana, reducir el gasto tributario es coherente con el deber del Estado de garantizar el bienestar a todas y a todos. El papel del gobierno es asegurar ese bienestar colectivo y no el de promover ganancias excesivas que propician la suntuosidad con que viven los grupos de élite.
En este sentido, recomendamos que las autoridades fiscales inicien un proceso encaminado a la revisión de la legislación y corregir las deficiencias y distorsiones del sistema de incentivos existente y los elevados niveles de evasión tributaria, a fin de que el Sistema Tributario se convierta en una verdadera herramienta del desarrollo social que impulse el cumplimiento de los derechos que tienen los ciudadanos a bienes y servicios públicos de calidad que contribuyan a una vida digna.
Al analizar los cálculos del gasto tributario para los años 2008, 2009 y 2010 realizados por la Secretaría de Hacienda, notamos que el sacrificio fiscal del Estado producto de las exoneraciones, exenciones y trato tributario preferencial, representan una significativa cantidad de recursos.
Para el 2008 el gasto tributario estimado por concepto de normas y leyes de exoneraciones e incentivo ascendió a un total de RD$ 101,090.3 millones (US$2,856.5 millones). Este monto es equivalente al 6.4% del PIB, 30.8% del total de los ingresos fiscales y 42.8% de los ingresos tributarios recaudados en ese año. Para el 2009 el gasto tributario estimado, subió a RD$ 104,778.1 millones (2,831.8 millones de US$). Un 3.6% mayor que en el 2008. Esta cantidad equivale a un 5.9% del PIB, 31.8% de los ingresos fiscales presupuestados y un 43.1% de los ingresos tributarios estimados para ese año. Para el 2010 el gobierno estimó en RD$104,691.4 millones los ingresos tributarios que dejará de percibir por las exenciones, exoneraciones y leyes de incentivo.
Estas cifras confirman que los más de 15 procesos de reformas tributarias realizados en el país desde 1982 hasta el 2007, en algunos casos profundos como el de 1992- que estableció el Código Tributario-, han tenido en sentido general un positivo efecto recaudación, pero muy bajos efectos redistribución. Tales reformas ha llevado al país a negociar incentivos fiscales, exoneraciones o trato tributario preferencial para algunos sectores que han sido altamente beneficiados de estos privilegios por años. Dicho sea de paso, las características regresivas y de bajo efecto redistributivo del sistema impositivo no han sido alteradas en sus fundamentos. Esto se ha debido a que la mayoría de estos cambios han tenido como objetivo esencial, aumentar las recaudaciones para solventar déficits fiscales coyunturales o estructurales.
Si bien es cierto que la mejor vía para proteger a los grupos vulnerables debe ser el gasto público, en vista de la debilidades del gastos social, es necesario garantizar el mantenimiento de estas exenciones, sobre todo de aquellos alimentos básicos que forman parte de la dieta cotidiana y de la canasta de bienes de los grupos de menores ingresos y de mayor vulnerabilidad.
Sobre las expectativas de revisión del sistema de exenciones:
Con relación a las expectativas de que el gobierno revise todo el sistema de exenciones, exoneraciones e incentivos recordamos que los mismos están amparados en una amplia gama de leyes y disposiciones vigentes, que en muchos casos se han convertido en privilegios y ventajas particulares que en nada benefician el bienestar colectivo.
Por tal motivo, se debe puntualizar que de los RD$54,676.0 millones de ITBIS interno el 43.6% – que representan RD$23,832.4 millones- pertenecen a exenciones del pago del ITBIS a los productos alimenticios, altamente importantes para la población y que deben tratarse como prioritarios.
Recordamos que el 55.4% del gasto tributario está representado por las exenciones del ITBIS, con un total de RD$57,964.8 millones y de estos el 94.3% (RD$54,676.0 millones) corresponden al ITBIS interno.
Otros bienes y servicios exentos del ITBIS como son los servicios de salud, educación, vivienda, etc., deben mantenerse vigentes, aunque podrían revisarse y readecuarse para excluir de los mismos aquellos bienes o servicios que beneficien a grupos con suficiente capacidad contributiva.
Dentro del resto de los RD$46,726.6 millones restantes de exenciones se incluyen exoneraciones a los impuestos al patrimonio por RD$ 12,992.7 millones, al impuesto sobre la renta de las empresas por RD$7,524.3 millones, exenciones a los impuestos a las importaciones por RD$ 7,881.0 millones.
También incluyen exenciones indiscriminadas al impuesto selectivo a los hidrocarburos de los generadores eléctricos, por un monto de RD$18,332.4 millones, utilizados en muchos casos para comercializarlo irregularmente como si pagaran impuestos, lo que constituye una estafa al Estado y a los consumidores.
Estos RD$46,726.6 millones deben ser minuciosamente revisados para corregir posibles distorsiones aplicadas por los grupos de influencia para obtener beneficios particulares en detrimento de los ingresos del Estado y de los grupos empobrecidos que son privados de bienes y servicios públicos de calidad.
Por último, conjuntamente con la revisión del sistema de incentivos y exenciones, exigimos al gobierno mayor transparencia en el uso de los fondos públicos, vigilancia y fiscalización de las inversiones públicas, protección del gasto social, mejoría de la calidad y eficiencia del gasto, una priorización de las inversiones del gobierno hacia programas, proyectos, obras y actividades que se encaminen hacia la eliminación de la pobreza y la redistribución del ingreso y las riquezas.
